La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) asegura que el Ministerio del Interior ha puesto ya fecha para comenzar a privatizar la seguridad de los ciudadanos, pues a partir de octubre entrarán en las prisiones a hacer el trabajo de los guardias civiles las empresas privadas de seguridad. La asociación se opone a esta medida, no sólo porque "supone un primer paso para comenzar a desmantelar la seguridad pública, sino porque se está haciendo sin afrontar los verdaderos problemas que afectan a este servicio esencial para el desarrollo de los derechos y libertades de todos los ciudadanos españoles".
Para AUGC se acomete una privatización cuando antes habría que haberse planteado un nuevo modelo policial "que supere el patrón arcaico con el que contamos en la actualidad. Un modelo altamente costoso, con duplicidad de unidades y en el que ni si quiera se ha logrado la plena colaboración entre los dos cuerpos que conforman las Fuerzas de Seguridad del Estado: Policía y Guardia Civil". Por lo que asociaación considera prioritario afrontar ese nuevo modelo policial en el que se contemple la unificación de ambos cuerpos, ya que se abaratarían costes y además se mejoraría la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía.
"Da la sensación de que este gobierno y este Ministerio del Interior han vuelto a recuperar la famosa premisa del que fuera delegado del gobierno en Madrid, Francisco Ansuátegui, que pasará a los anales políticos por su frase quien quiera seguridad que la pague”, continúa el comunicado. Por eso, AUGC no va a aceptar "que se juegue con la seguridad de todos los ciudadanos, que son además los que la pagan con sus impuestos. Y espera que esta privatización no sea el primer paso hacia una privatización a gran escala de la seguridad ciudadana, porque con la seguridad de los españoles ni se hace política ni se juega".
AUGC denuncia también que esta privatización de la seguridad en las cárceles se está llevando a cabo sin ningún tipo de consideración hacia los trabajadores, los guardias civiles, a los que a día de hoy no se les ha notificado de manera oficial ningún tipo de información sobre esta reforma, de la que son actores principales. "Pero además pretenden ponerla en marcha en el mes de octubre cuando el nuevo curso escolar ya ha comenzado. Esto supondrá, además de un grave perjuicio laboral para los agentes, una total falta de respeto y consideración hacia sus familias, a las que les podría suponer hasta un cambio de domicilio", concluye.
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