La Asociación Salamanca Memoria y Justicia (ASMJ) celebra la absolución de Baltasar Garzón en el llamado caso de los crímenes del franquismo, pero lamenta profundamente que tal caso haya tenido lugar y que a la postre todo este asunto no haya servido para avanzar en la resolución de un problema que sigue pendiente y al que se tiene que enfrentar la sociedad española.

Según explica el presidente de la asociación, Severiano Delgado, el caso de los crímenes del franquismo tiene su origen en la falta de amparo, por parte del Estado, que durante largos años han sufrido las víctimas y las familias de las víctimas represaliadas durante la Guerra Civil y la posguerra "a manos de quienes se alzaron en armas contra el Gobierno y la Constitución de la República Española, vigentes en 1936. El desamparo resultaba especialmente doloroso en el caso de las personas que fueron detenidas ilegalmente, asesinadas sin ningún tipo de procedimiento judicial y enterradas clandestinamente en los campos y las cunetas. Muchos años después de la aprobación de una nueva Constitución democrática, estas desapariciones continúnan sin esclarecerse y las víctimas siguen en los enterramientos clandestinos".

En diciembre de 2006, un grupo de familias y asociaciones de víctimas, entre ellas la ASMJ, denunciaron estos hechos ante la Audiencia Nacional, "buscando el amparo que hasta entonces se les había negado". Baltasar Garzón, entonces titular el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, decidió incoar unas diligencias previas con el objeto de satisfacer judicialmente las demandas de las víctimas, diligencias que en octubre de 2008 se transformaron en sumario. Apenas dos meses después, el juez Garzón se inhibió del asunto, trasladando la investigación a los juzgados ordinarios.

En 2009 "un ente ultraderechista llamado Manos Limpias presentó una querella contra Garzón por prevaricación, a la cual se sumó el partido fascista Falange Española. Con la ayuda inestimable del juez instructor, Varela, la querella salió adelante, a pesar de contar en todo momento con la oposición de la fiscalía.

El resto de los hechos son de todos conocidos". Finalmente, en febrero de 2012, el Tribunal Supremo ha sentenciado que Garzón no cometió prevaricación alguna en su intento de investigar los crímenes del franquismo, en especial las desapariciones forzosas, las ejecuciones extrajudiciales y el robo de niños.
 
Acerca de esta interpretación del Supremo hay opiniones divergentes. Por eso en julio de 2011 varias asociaciones, entre ellas la ASMJ, presentaron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos una demanda contra el Reino de España por no investigar los actos de naturaleza genocida y crímenes contra la Humanidad cometidos por el franquismo desde el 18 de julio de 1936, que en nuestra opinión son crímenes que no han prescrito y deben ser investigados por la Justicia.

El TEDH decidirá en su día y todos nos atendremos a su sentencia. "Sin embargo, las desapariciones forzadas y enterramientos clandestinos de la represión franquista no son un problema exclusivamente judicial, ni siquiera principalmente judicial. Es un problema de hondo calado político que la sociedad española todavía no ha resuelto. Las víctimas de la represión, a través de sus familias y asociaciones, piden sobre todo el amparo y el reconocimiento del Estado, piden que las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales no sigan más tiempo en los campos y las cunetas, piden que las instituciones reconozcan incluso la existencia de esas víctimas, que a estas alturas sigue siendo negada en determinados ámbitos o son relegadas al mero estatus de víctimas de una violencia ciega que golpeó nuestro país como si fuera un huracán o una tormenta", añade el comunicado.

Por eso, "la absolución de Baltasar Garzón vuelve a poner el problema en el punto de partida, pero en peores condiciones. Las víctimas de la represión franquista existen. Los enterramientos clandestinos existen. Si la Justicia no quiere saber nada ¿quién se hace cargo de la solución?". Desde la ASMJ han manifestado repetidas veces que es el Estado, a través de cualquiera de sus administraciones, quien tiene que hacerse cargo del amparo de las víctimas de la represión franquista. "La dignificación de su memoria, el reconocimiento debido a lo que representan, es un factor de primer orden para sellar realmente la reconciliación entre todos los españoles. Mientras este asunto no se solucione, la democracia española seguirá teniendo una cuenta pendiente con su pasado", concluye.

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