El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha publicado recientemente los datos estadísticos provisionales sobre procedimientos de ERE registrados en los primeros seis meses de 2013, donde se percibe que crecen en un 2%, mientras se observa que se registra un cambio de tendencia en relación con las medidas de flexibilidad interna, tales como suspensiones de contratos y reducciones de jornada que disminuyen notablemente, un 19 y un 14%, respectivamente.
 
Los sindicatos alertan de que la reforma laboral iba a suponer, "como los datos demuestran, una potenciación de los despidos individuales y colectivos que tienen su reflejo en grandes procesos de reestructuración que, casi a diario, están afectando a miles de personas tanto del sector privado como del sector público, en los que se registran situaciones de autentico desequilibrio e indefensión, propiciadas en gran medida, por la desaparición de la autorización administrativa previa, lo que está suponiendo, en muchos casos, vaciar de contenido los procesos negociadores que hasta el cambio normativo se venían desarrollando en los procedimientos de regulación de empleo".

Ello se ha traducido en un recorte del control social de las decisiones empresariales, lo que ha generado un aumento de la conflictividad social y un incremento de las impugnaciones de los despidos ante la Jurisdicción Social, que en su mayoría, han sido favorables y han anulado determinadas pretensiones empresariales impugnadas vía demanda por las personas afectadas.

 

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