La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) reclama al Gobierno que imponga un recargo de un veinte por ciento a las administraciones que no paguen sus facturas en el plazo correspondientes. En su argumentación recuerda que si un ciudadano se retrasa en un pago o un autónomo en una cuota de la Seguridad Social, por poner algún ejemplo, se le aplica esa penalización de forma inmediata.
Para ATA, esa impunidad que tienen las instituciones públicas se traduce en que “se están aprovechando de los ciudadanos y financiando con el dinero que pertenece a las empresas”. Y es que a pesar de que está vigente una ley de morosidad, no se ha producido ninguna sanción ni multa. A la vista de los hechos, los autónomos consideran que la única manera de conseguir que paguen en tiempo y forma como se exige al resto es aplicar esta medidas sancionadoras.