El director de Banca Comercial de Banco EspañaDuero, Carlos Ranera, ha estado este martes en Salamanca para firmar un convenio con la Universidad. Allí se ha referido al proceso de reestructuración anunciado hace casi un mes. Cabe recordar que la entidad financiera ha anunciado la intención de proceder al cierre de 42 oficinas, pero no se sabrá cuáles son hasta finales de mayo.

Ranera ha explicado que se están manteniendo diversas reuniones con los sindicatos y el proceso negociador continuará hasta el 20 de mayo, por lo que no se ofrecerán más detalles sobre cómo afectará a Salamanca esta reestructuración. No obstante, asegura que no tendrá incidencia de cara a la atención y servicio a los clientes. 

Este proceso de cierre se enmarca dentro de la estrategia común a la mayor parte de las entidades financieras "de racionalizar sus estructuras y dimensionar la capacidad instalada en función con la actual coyuntura de negocio". Y añade que la medida también se justifica en la tendencia imparable dentro del sector hacia un mayor uso de nuevos canales tecnológicos (banca por internet, por teléfono y cajeros automáticos). Igualmente, la entidad racionalizará su red, unificando oficinas próximas, evitando duplicidades en localidades y buscando la eficiencia y la rentabilidad comercial. 

Banco EspañaDuero, integrado dentro del Grupo Unicaja tras la reestructuración de Caja España-Duero (Ceiss), plantea que la reestructuración afectará a un máximo de 1.120 puestos de trabajo. En concreto, la desaparición de los servicios centrales con sede en León, Salamanca y Valladolid, además de las oficinas de Madrid, se llevará por delante 541 puestos de trabajo, según los planes del Banco EspañaDuero. Otros 579 trabajadores serán de la red de oficinas.

El banco ha planteado analizar medidas de flexibilidad interna cuyo objetivo es reducir el impacto de la reestructuración y atenuar sus consecuencias. Estas medidas contemplan, desde recolocaciones en empresas del grupo o en terceras empresas, movilidad geográfica, modificación de las condiciones de trabajo para el ahorro de costes, hasta la  extinción del contrato de personas que, por su edad, tienen más fácil acceso a una jubilación próxima.

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