Mora, que consideró que es todavía pronto para analizar las consecuencias del decreto sanitario en la población inmigrante, dijo, no obstante, que Cáritas comienza ya a notarlas. Indicó que el decreto está teniendo "efectos concretos en muchas personas", que no reciben atención médica para sus afecciones pulmonares o para su diabetes, por ejemplo. Además, añadió, otras muestran "gran inseguridad y temor" ante la posibilidad de que su centro de salud les pase la factura de la consulta. Lo que sí está percibiendo la organización de momento y de forma clara es una gran "heterogeneidad" en la aplicación de la norma, que ni siquiera es igual en los distintos ambulatorios de una misma ciudad.
Cabe recordar que los inmigrantes irregulares tendrán acceso a la sanidad pública por 60 euros al mes. Si son mayores de 65 años, deberán abonar el doble, para así intentar evitar el denominado turismo sanitario. Los extranjeros sin papeles en regla que se acojan a este convenio deberán financiar íntegramente los medicamentos y no tendrán acceso a transporte sanitario gratuito, pues con el pago de esos 710 euros al año sólo se garantiza la atención sanitaria.
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