Comisiones Obreras (CCOO) ha anunciado la recogida de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que presentó el pasado 16 de diciembre contra la privatización del Registro Civil y la entrega de su gestión a los registradores mercantiles. Una vez superadas las dificultades administrativas en el Congreso de los Diputados, en el Senado y en la Junta Electoral Central, el sindicato se propone alcanzar lo antes posible las 500.000 firmas necesarias para que la proposición de ley de la ILP llegue al debate en el Congreso con el fin de paralizar la privatización de este servicio público, universal y gratuito.
Esta iniciativa nace con el objeto de detener la asignación del Registro Civil a los registradores mercantiles impuesta por el Gobierno, porque cuenta con la oposición de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, de las organizaciones sindicales, de los partidos políticos excepto el PP, de decenas de ayuntamientos y comunidades autónomas, de la Plataforma Justicia para Todos, de colectivos jurídicos, de asociaciones profesionales de jueces y secretarios judiciales, entre otros. También detener esta decisión porque supone la privatización de un servicio que es público desde 1871 y pone en riesgo más de 5.100 empleos de la Administración de Justicia para favorecer a los registradores, que no son funcionarios públicos, tal y como establece la Unión Europea mediante sentencia.
A juicio de CCOO, esta privatización supone una pérdida de más de 8.000 oficinas de Registro Civil. Se pasaría de más de 8.120 oficinas que hay en la actualidad en España, a tan solo poco más de 100. Los ciudadanos y ciudadanas dejarán de poder acudir a un Registro Civil en el municipio en el que viven. "Este ataque del Gobierno a los servicios públicos hay que detenerlo porque el Registro Civil es uno de los mejor valorados en su conjunto. Solo hay quejas de menos del 9 % de los registros civiles, la mayoría situados en comunidades autónomas gobernadas por el PP, que, hipócritamente, utiliza este dato parcial y sin asumir ninguna de sus responsabilidades por la falta de medios en que mantiene a esos registros civiles".
También se plantea detener el intento del Gobierno de que nuestros datos sean manejados por personal privado, con la pérdida de la garantía de confidencialidad de los datos a la que están obligados por ley las funcionarias y funcionarios públicos. Y detener este ataque a los derechos de la ciudadanía "porque el Gobierno pretende que ésta asuma el coste del enriquecimiento de un colectivo minoritario y privilegiado como son los registradores, que, solo por los 150.000 expedientes de nacionalidad y 105.000 de matrimonio anuales, y con un arancel de 100 euros, se embolsarían 25 millones de euros al año".
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