La sanidad pública de Salamanca goza de unos magníficos profesionales, algo reconocido en toda España en diversos estudios y a través de premios individuales. Sin embargo, los políticos que la gestionan no están ni de lejos a su altura. Los continuos vaivenes con polémicas decisiones están lastrando el futuro de la sanidad pública charra, sobre todo durante el último lustro, en que han pasado tres gerentes por el complejo hospitalario por la capital del Tormes. La situación de desbarajuste está alcanzado un punto insostenible, como se ha puesto durante la última semana, por la ineficacia de las decisiones políticas.
Son cinco años de decisiones que han empeorado la sanidad salmantina, con actuaciones que al final son como la pescadilla que se muerde la cola. En primer lugar por los recortes de personal, lo que ha incidido en un empeoramiento de la situación laboral de los trabajadores sanitarios. Ello ha derivado en una peor atención a los pacientes y no poder paliar las listas de espera, porque los empleados de los hospitales no dan abasto. El mejor ejemplo es lo acontecido esta semana tras el cierre de un centenar de camas en junio, debiendo reabrirse una planta por la mala previsión de la gerencia e incluso una trabajadora llamando al Juzgado de Guardia para denunciar lo que estaba aconteciendo, incumpliéndose la legislación vigente sobre personal necesario para atención sanitaria.
En apenas cinco años la lista de espera oficial para una intervención quirúrgica se ha duplicado, hasta más de 6.300 pacientes, sobre todo durante el último año, mientras que la demora media casi se ha cuadruplicado, hasta 119 días. Así se puede apreciar en el gráfico adjunto, reflejando también la gestión de cada gerente, Raquel Martínez hasta septiembre de 2014, Rafael López hasta julio de 2015 y Cristina Granados desde entonces.
Constantes polémicas
Una auditoría de la propia Junta de Castilla y León detectó en 2012 un agujero financiero de 188 millones de euros en el complejo hospitalario de Salamanca, además de numerosas irregularidades en el funcionamiento diario del Clínico y el Virgen de la Vega, que terminaron por pasar factura a la entonces gerente, Raquel Martínez, siendo sustituida por Rafael López. Pero su paso por la capital charra apenas duró un año y dejó importantes polémicas.
El escaso diálogo que denunciaron desde el primer momento los sindicatos se tornó en malestar masivo tras anunciar la Consejería de Sanidad la reducción de plantilla del complejo hospitalario. No se trataba de despidos, sino de amortización de plazas sin cubrir, al contrario que en otros hospitales de Castilla y León, donde sí se iban cubriendo esas plazas. Rafael López se mostró como un comisario político y durante la primavera de 2015 se llevaron a cabo tres mareas blancas en la calle, manifestaciones con hasta 15.000 participantes.
Pese a todos los problemas, Rafael López fue ascendido a gerente de todo el servicio sanitario de Castilla y León, Sacyl, no sin antes expoliar cuadros con destino a su nuevo despacho en Valladolid pese a estar inventariados y pertenecer al hospital de Salamanca. Decisión que tuvo que rectificar recientemente la Consejería de Sanidad.
Su sustituta, Cristina Granados, entró con polémica al dar el visto bueno a que se instalaran tiendas de campaña en plena calle para resonancias magnéticas, algo que el consejero de Sanidad calificó como anecdótico. Y es que el hospital Clínico de Salamanca realizó hasta diciembre estas resonancias en tiendas de campaña y una caseta portátil.
Son sólo algunos ejemplos de lo que ha acontecido en apenas un lustro en el complejo hospitalario de Salamanca. Mientras, la plantilla sanitaria ha perdido más de doscientos trabajadores en solo tres años. A comienzos de año había 4.922 empleados públicos en la provincia de Salamanca pertenecientes a hospitales y centros de salud, cuando en enero de 2013 eran 5.134. La pérdida de puestos de trabajo femeninos ha sido el triple que masculinos.
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