A día de hoy Gaza es la prisión al aire libre más grande del mundo. Con una superficie de 40 km de largo y 9,5 km de ancho, 1.400.000 hombres, mujeres y niños permanecen hacinados en un territorio al que no se puede acceder por ninguno de sus cinco pasos fronterizos sin el permiso de Egipto o Israel.
Además del control de los accesos, el Gobierno israelí impuso un bloqueo a Gaza desde junio de 2007, por lo que sus habitantes han tenido que hacer frente a la escasez de alimentos, la subida de los precios o el desempleo masivo. Los datos hablan por sí solos: cuatro de cada cinco habitantes de la Franja dependen de la ayuda humanitaria. 

Desde el pasado 8 de julio que comenzó la operación militar israelí “Margen Protector” han muerto más de 1.600 habitantes de Gaza, entre ellos niños; tres civiles y 61 soldados israelís. Amnistía Internacional declara que es contraria a cualquier violación de derechos humanos cometida tanto por las fuerzas militares israelís como por los grupos armados palestinos o el brazo militar de Hamás. Sin embargo, las crecientes hostilidades del último mes han puesto de manifiesto un uso excesivo y desmesurado de la fuerza militar por parte de Israel hacia unos habitantes, los de la Franja, que se encuentran en total indefensión. 

Amnistía Internacional insta a ambos bandos a que respeten las leyes de la guerra y a que se actúe con arreglo al derecho internacional. La población civil no puede ser masacrada mientras la comunidad internacional no tiene otra función que la de mero espectador. En los últimos días hemos visto cómo las escuelas, las viviendas, los hospitales y cualquier edificio destinado al servicio público se han convertido en objetivos de los ataques israelís provocando la muerte de centenares de civiles. A ello debemos añadir el bombardeo de las infraestructuras públicas de agua y saneamiento, lo que podría provocar una emergencia de salud pública.  

Los responsables de los posibles crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad deben ser llevados ante la Corte Penal Internacional para acabar con esta espiral de violencia y poner freno a las violaciones de derechos humanos, y para ello los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas deben imponer un embargo de armas y el empleo de sanciones obligatorias que acabe con esta barbarie. Por su parte, los Estados deben cancelar la venta de armamento militar a ambas partes con carácter inmediato. 

Como seres humanos tenemos un deber moral para con todas aquellas personas que viven bajo el yugo de la violencia. La omisión nos convierte en cómplices. 

¡Protección para la población civil!
¡No más armas para las partes del conflicto!
¡Investigación bajo el mandato de la ONU pronta e imparcial!

Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios

Destacados
Lo más leído