Los convocantes explican que este tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea, "que se está negociando en el más absoluto secreto, es el ejemplo más destacado de cómo el comercio y las inversiones se están negociando de forma antidemocrática y en interés único de las grandes corporaciones multinacionales". A su juicio, si estos acuerdos salen adelante, las grandes empresas multinacionales tendrán derechos exclusivos para demandar a los gobiernos ante tribunales de arbitraje privados, que serán independientes de los sistemas legislativos nacionales y europeos.
Además, dichos tratados reducirán los estándares vigentes de salud y seguridad como consecuencia de la armonización normativa transatlántica, "y socavarán la autoridad de los gobiernos nacionales y locales para prevenir prácticas nocivas, como el fracking o el uso de transgénicos. Los servicios públicos esenciales se verán reducidos, cuando no privatizados, y los derechos sociales y laborales gravemente empeorados. Estas políticas están ligadas al desmantelamiento de los modelos sociales actuales, y presionan hacia una privatización de los servicios públicos esenciales en nombre de la austeridad, la crisis y la supuesta necesidad de incrementar la competitividad".