La asamblea de la Junta de Personal del complejo hospitalario de Salamanca ha vuelto a reunirse este lunes para valorar los avances que se han producido en la negociación con la Consejería de Sanidad acerca de la plantilla sanitaria. Hace dos semanas hubo una reunión en Valladolid con el consejero Antonio María Sáez Aguado, pero los trabajadores del hospital consideraron insuficiente la propuesta, pues quieren más hechos y menos promesas, certificando que no se recortará la plantilla del hospital y se convocarán nuevas plazas. Ante los nulos avances desde entonces, se mantiene la convocatoria de una segunda 'marea blanca' para este domingo 15 de marzo.

Así, la Junta de Personal considera que la 'marea blanca' celebrada hace tres semanas por las calles de Salamanca con más de 15.000 personas ha hecho recular al consejero de Sanidad, pero no completamente. Por eso, se plantea una segunda 'marea blanca', haciendo un llamamiento a los ciudadanos para que participen incluso más y así desde la Junta se vea que los salmantinos no quieren más recortes en su hospital.

La Junta de Personal se reunirá este martes con el gerente del hospital de Salamanca, Rafael López, para reclamarle datos más concretos sobre la plantilla. Así, durante la asamblea se ha explicado que sólo se recoge una plantilla nominal de médicos, mientras que en enfermería y otros puestos hay números en bruto. También se reclama que se detalles los puestos concretos y el tipo de contrato, para así poder elaborar con más detalles las necesidades de trabajadores en el hospital.

Las obras del nuevo hospital, entre otras cosas, fueron algunas de las cuestiones tratadas también por la asamblea de la Junta de Personal. El consejero de Sanidad de la Junta se comprometió de palabra a finalizar las obras en 2018 (un año antes de lo previsto) dotando al constructor de mayor disponibilidad económica a medida que vayan avanzando las obras. Sin embargo, para la Junta de Personal ha perdido toda credibilidad. Además, hay varias versiones sobre el presupuesto para el próximo año, por lo que se teme que la Administración autonómica continúe ocultando datos.

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