La procuradora destacó en su intervención en que 25 de 34 servicios de media distancia en Castilla y León se suprimirán para cumplir el plan del Ministerio e insistió en que el consejero puede adoptar medidas para evitar esos cierres, entre las que mencionó que se declaren servicios de interés público por el Gobierno o que la Junta firme un convenio con Renfe con una aportación económica.
En este sentido, Silván le preguntó si se debe mantener abierta una estación con un viajero -dijo que hay 18- o que al Gobierno un billete le salga por 272 euros de los 20 que paga el usuario. Para el consejero, el Ministerio de Fomento ha sido “sensible” con las peticiones de Castilla y León y no se cierra ningún corredor, ninguna localidad se queda sin transporte y se garantiza la movilidad en el territorio.
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