Las Cortes han aprobado, en el último pleno del periodo de sesiones, que la Junta regule por ley la puesta en marcha del 1 por ciento cultural en el año 2012, propuesta que presentó el Grupo Socialista a la que se sumó el PP, con una pequeña modificación, y el Grupo Mixto. El socialista José Ignacio Martín Benito recordó que se van a cumplir diez años de la Ley de Patrimonio de Castilla y León donde figura el uno por ciento en la licitación de la obra pública y añadió que en el reglamento, aprobado en 2007, no se recoge ese precepto.
Martín Benito ofreció seis razones para su desarrollo: que nueve años y medio es mucho tiempo, para no dar imagen de administración alertagada y dormida, que el patrimonio es una seña identidad regional, que ante la situación de crisis hay que reforzar los sectores estratégicos, que se requiere asegurar recursos a la inversión y que pierde legitimidad su petición a otras administraciones si no se desarrolla por ella.
En nombre del Grupo Popular, María Ángeles Porres, tras agradecer la forma de la exposición de Martín Benito, recordó que el Grupo Socialista no votó esa ley y subrayó que esta no se incumple, sino que no está completa. Además, manifestó que la aprobación de la normativa del 1 por ciento cultural se aprobará en esta legislatura, como comprometió la consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, en la presentación en agosto del programa de legislatura en las Cortes.
Por ello, presentó una enmienda para instar a la Junta a la regulación del 1 por ciento cultural en el año 2012, texto al que Martín Benito introdujo la necesidad de su aplicación inmediata. El socialista saludó la reconversión del PP, afirmó que no duda de la palabra de la consejera, pero recordó que se dijo lo mismo en marzo de 2008 por parte del entonces portavoz del PP de Cultura y Turismo. En su argumentación, Porres manifestó que la ley no establece un tiempo para desarrollar el 1 por ciento cultural y la Junta priorizó la aprobación del reglamento, y miró a la normativa estatal para subrayar que se actúa sobre inmuebles y bienes que no son patrimonio cultural y que Castilla y León fue ahí discriminada sobre comunidades como Andalucía.
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