La repetición de las elecciones generales por tercera vez en apenas un año el próximo mes de diciembre supondría de nuevo un coste adicional para las arcas del Estado. El Ministerio del Interior estima que el gasto de unas nuevas elecciones superaría los 130 millones de euros. En el caso de la provincia de Salamanca, al menos un millón de euros.
En concreto, 48 millones de Correos (voto a distancia y propaganda); 12,8 millones del escrutino y la difusión de los datos; 12,59 millones de logística (papeletas, locales, campañas de difusión); y 55,1 millones que se dejan las administraciones públicas en todo el proceso (el despliegue de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado costó casi 13 millones).
El dispositivo establecido en los anteriores comicios supuso en Salamanca unos 7000.000 euros, en primer lugar por el dinero a abonar a las personas participantes en la jornada electoral, tanto en las mesas como en garantizar la seguridad. Además, habría que repetir la más de dos millones y medio de papeletas de color blanco para el Congreso de los Diputados, más de 280.000 de color sepia para el Senado y más de 650.000 sobres.
Y es que los candidatos podrían no ser los mismos. Tampoco la campaña electoral de los partidos, si deciden concurrir con nuevos eslóganes. De ahí que pueda haber un gasto extra para los partidos políticos en cuestión de cartelería. Dinero que en parte proviene del Estado y, por tanto, de la recaudación de impuestos de todos los españoles.
Sueldos de políticos 'de guardia'
Por otro lado, por si no ha sido suficiente el gasto en diputados y senadores durante cuatro meses por apenas hacer su trabajo, pues el margen de maniobra para legislar ha sido realmente escaso, todavía habrá más desembolso del Estado en sueldos hasta que haya elecciones generales y nuevo Gobierno.
La denominada Diputación Permanente está compuesta por un tercio de los diputados, 121, que siguen cobrando un sueldo mensual pese a no tener trabajo. Además, el resto de los diputados y senadores que cesan de su efímero cargo al disolverse las Cortes Generales tienen derecho a una indemnización, similar a una prestación por desempleo durante dos meses.