- ¿De que problemas adolece actualmente el sistema judicial español y en concreto el salmantino?
-A la hora de hablar de problemas generales de la justicia yo me atrevería a decir que vendrían de la mano de la falta de medios personales y materiales. Pongo el énfasis en la falta de medios materiales y aquí hago referencia a todos los problemas derivados de la falta de informatización de expedientes, del famoso expediente digital que no nos ha llegado todavía y que sería muy necesario. En definitiva, si pudiésemos actuar con los medios de los que goza la Hacienda Pública o la Tesorería General de la Seguridad Social, la eficacia del Poder Judicial sería mucho mayor. Sobre todo en los tema de ejecución de sentencias.

 

Y por otra parte, fundamental como problema de la justicia está el número de juzgados o número de jueces y magistrados en función del volumen de asuntos que entran. Año tras año se van haciendo estadísticas y siempre sale una carga de trabajo muy superior a la que según los módulos es soportable para un órgano judicial. Entonces la falta de órganos judiciales es un problema crucial.

 

A estos se le pueden añadir también una planta judicial que la tenemos ya caduca, porque es una planta muy decimonónica que habría que ver el medio, sin hacer daño a nadie ,para que se readaptara esa planta judicial. 

 

Todo ello afecta a Salamanca, como a cualquier otra provincia. La falta de medios y personal es el problema fundamental, más que el aspecto legislativo que a veces puede ser mejor, a veces peor, a veces puede ayudar y a veces no. Pero con un número de jueces mayor en relación al volumen de asuntos que entra, la respuesta sería mucho más rápida y eso quiere decir que la justicia sería mejor, porque no hay justicia si no hay rapidez en la misma.
 
- ¿Cómo es la situación de la justicia en Salamanca?
-Podemos estar contentos de que a pesar de esa carencia de medios, a pesar de que tenemos demandados otro Juzgado de Instrucción porque guardias entre cuatro es asfixiante, otro Juzgado de lo Social, porque las demandas sociales se han visto multiplicadas. A pesar de ello, damos una respuesta al ciudadano satisfactoria y rápida y de hecho en las estadísticas Salamanca siempre figura entre los primeros puestos cuando no en el primer puesto a la hora de la respuesta que se da frente a la reclamación judicial.

 

Es decir que yo creo que se está haciendo bien. Los jueces, los secretarios, los fiscales, los funcionarios están trabajando bien para que los juzgados vayan rápidos. Aquí la verdad es que los señalamientos son muy rápidos si los comparamos con otras provincias, a pesar de esa falta de medios.
 
- ¿Qué le parece la reforma del procedimiento penal que atribuye al fiscal la Instrucción?
-Creo que tiene ventajas e inconvenientes. Ventajas en la medida que el Ministerio Público es un órgano técnico que domina absolutamente el procedimiento penal y por tanto domina la instrucción, y en ese sentido su profesionalidad en esta materia está fuera de toda duda. Inconveniente, la estructura orgánica del Ministerio Fiscal, es decir la dependencia jerárquica que le resta independencia frente a la posición de jueces y magistrados que es absolutamente independiente porque no tenemos ninguna escala jerárquica. Y esto podría dar lugar a un segundo motivo de inconvenientes y es que se garantiza, creo yo, mejor en ese sentido la instrucción de un procedimiento en manos de unos órganos independientes que en manos de unos órganos que dependen jerárquicamente de un superior. Pero insisto profesionalidad y conocimiento no falta al Ministerio Público. Otra ventaja es que se descarga de trabajo al órgano judicial. Tengo ahí un ‘ten con ten’ con muchos magistrados que no se si va a ser peor o va a ser mejor. 
 
-Otra de las reformas más polémicas es la posibilidad de que desaparezcan los juzgados de fuera de las capitales de provincia
-La situación hoy en pleno siglo XXI ha cambiado muchísimo, los medios de comunicación con los que contamos no tienen nada que ver con los que se contaba en el siglo XIX y efectivamente la planta está desfasada. Entonces, yo sería partidario, sin entrar en particularizar en ningún juzgado, de que todos aquellos juzgados que estén en un radio relativamente próximos a la capital de provincia fuesen integrados por la capital de provincia. 

 

Yo creo que es sensato porque se economizan medios y se puede trabajar desde el mismo núcleo. Ahora bien, cuando exceden de ese radio o bien el número de asuntos que entra en esos juzgados de pueblo tienen una cierta consideración, entonces sí que estaría justificada su permanencia. Es más, le diría que a lo mejor está justificada la permanencia en algún partido judicial donde no lo hay y sin embargo no está justificada en partidos judiciales donde sí lo hay. ¿Por qué? Porque las densidades de población han cambiado mucho y entonces donde no había juzgado ahora a lo mejor se necesita, o al revés. Entonces yo creo que se deben de tener en cuenta esos dos factores, la distancia que el ciudadano debe recorrer y el volumen de asuntos al que se puede someter un determinado juzgado. A partir de ahí, ya sería hacer los estudios correspondientes y ver si resulta operativo esa supresión de la que se habló de determinados partidos judiciales a favor de la capital o si no resulta conveniente.
 
-Es decir, que sería partidario de hacer un estudio pormenorizado de cada caso 
-El estudio tiene que ser totalmente particularizado, con una propuesta con muchos estudios por parte del Consejo y de otros organismos a efectos de qué partidos deben mantenerse, qué partidos deben crearse y cuáles deben ser arrastrados por la capital de la provincia, porque evidentemente son las dos directrices que condicionan. Es decir el hecho de tener un partido judicial a media hora de la capital de la provincia en principio podría ser motivo para que lo arrastrara la capital, ahora si hay algunas condiciones especiales en cuanto al volumen de asuntos que entra, pues podríamos dudar. Pero los medios de comunicación hoy en día son muy distintos y evidentemente no podemos funcionar con la planta del siglo XIX, eso lo tengo clarísimo.
 
- El próximo día 20 los abogados han convocado una concentración contra la Ley de Tasas con motivo de su primer aniversario, ¿Qué ha supuesto esta ley?
-Yo creo que todavía es pronto para pronunciarnos al respecto y yo lo he preguntado mucho en el Decanato y en la oficina dentro del Registro de asuntos. Yo creo que efectivamente el incremento de las tasas judiciales o la creación de las tasas judiciales ha supuesto una reducción de ligitiosidad. ¿En qué medida? Pues nosotros todavía no lo estamos notando, la verdad. Yo creo que el problema de las tasas es un problema que habrá que solucionar, porque realmente en determinados ámbitos y en relación con determinadas actuaciones se han establecido unas cuantías exageradas y que hay que corregir. 

 

Tasas han existido desde hace mucho tiempo, lo que hay que ver es hasta qué punto son factibles para el ciudadano, para el justiciable y para la propia Administración de Justicia. En qué medida no suponen una merma del derecho a la tutela judicial efectiva y yo creo que sí hace falta reformar todo esto porque no debemos tampoco perjudicar sobre todo a las clases medias. ¿Por qué? Porque aquellas clases sociales que no reúnen el número de ingresos necesario gozan del derecho a la justicia gratuita, entonces para esas clases sociales digamos que la justicia está salvada. El problema está en aquellos que superan esos umbrales de riqueza/pobreza y que no tienen derecho a abogado y procurador de oficio y que sí tienen además esas tasas.

 

Que las tasas han venido funcionando, pues sí, que no hay que negarse a ellas con carácter absoluto, también, pero que tienen que ser proporcionales para que no se merme el derecho a la tutela judicial efectiva y que habrá que disminuir algunas cantidades que están resultando un poco abusivas. A mí las cantidades que se han puesto por ejemplo a efecto de apelación me parecen exageradas. Yo creo que hace falta una reforma global del sistema de tasas, se aprobó con bastante ligereza sin pensar en las consecuencias.
 
- ¿Qué opinión cree que tiene la ciudadanía de la justicia?
-Eso es algo que me he planteado siempre desde que empecé a trabajar, que son ya cerca de 17 años. En la justicia uno gana y otro pierde, y evidentemente al que pierde no le gusta perder, eso es así. Por muy bien que se hagan las cosas siempre queda un poso de amargura en aquel ciudadano que ve sus pretensiones desestimadas, con razón o sin razón. Entonces yo creo que ese es un factor que debemos de tener siempre en cuenta de por qué a la justicia se la ve con cierto recelo.

 

Por otra parte también hay elementos que han determinado que la posición de la justicia pueda haber quedado en entredicho,  errores judiciales en algunas ocasiones, tardanza en la resolución de procedimientos, más en algunas jurisdicciones que otras. Claro, todo son problemas de retraso y eficacia en la Administración de Justicia que el ciudadano nota y que con todo el derecho del mundo tiene que criticar.

 

Por otra parte yo creo que en determinados ámbitos también funciona bastante bien, donde por ejemplo en el ámbito de Salamanca el funcionamiento de la administración de justicia, la respuesta que se da al ciudadano y la calidad de las resoluciones que se dictan es bueno. Creo que hay calidad y rapidez a la hora de resolver.
 
- ¿Qué opinión le merece la creación de los Tribunales de Instancia?
-Es que las cosas tienen que empezar a funcionar. ¿Qué se quiere hacer con un Tribunal de Instancia? Es más o menos lo que hay ahora en la Audiencia Provincial a efectos de una segunda instancia, pues para una primera instancia. Es decir, todos los jueces de primera instancia con un presidente estaríamos en un órgano colegiado entre comillas y vamos resolviendo los asuntos. Yo creo que podría ser buena idea porque se optimizan bastantes medios, no es lo mismo la existencia de los juzgados de ahora con una oficina y toda una parafernalia en torno a un juzgado que cuando existan –si llegan a existir- esos Tribunales de Instancia en los que evidentemente se economizan todos esos medios, porque todos formamos parte de un Tribunal, habrá una oficina común etcétera.

 

Ahora, ¿cómo va a funcionar esto? Pues me está recordando a la Oficina Judicial que en las ciudades donde se ha puesto en marcha deja mucho que desear. Una oficina común para optimizar medios donde los asuntos iban a ir más rápido y parece ser, por lo que me dicen mis compañeros de Burgos y los de León, que la Oficina está funcionando regular. Entonces claro, hay que ver cómo van las cosas a funcionar. En principio no me parece mala idea, pero claro, tiene que comenzar. 

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