En este contexto, la Plataforma Sindical y de Asociaciones Profesionales de Empleadas y Empleadas Públicas acordó la constitución de un grupo de trabajo que diseñará nuevas medidas de presión y concienciación ciudadana contra la intención premeditada de privatizar el sector público y que se presentarán y pondrán en marcha el próximo mes de mayo.
"Este proceso de privatización y externalización de servicios se ha constatado ya en diferentes ámbitos como la hostelería, la vigilancia o la limpieza, pero ya también en ámbitos como la Seguridad Social, Instituciones Penitenciarias, la Sanidad Pública o en los registros civiles de la Administración de Justicia", asegura CSI-F.