El sindicato mayoritario entre los funcionarios, CSI-F, ha reaccionado a las medidas anunciadas por Rajoy con el anuncia de una reunión este viernes para estudiar la convocatoria de una huelga general en septiembre. También se estudiará un calendario de paros y movilizaciones durante este mes y agosto por la supresión de la paga extra, la reducción de los moscosos y la reducción del número de liberados sindicales.

CSI-F considera que el nuevo recorte en las condiciones laborales de los empleados públicos responde a las nuevas medidas restrictivas impuestas a España por la Unión Europea, como consecuencia del ajuste en el sistema bancario, una situación que no tiene nada que ver con el funcionamiento de nuestro sector público y el trabajo diario de cerca de 2,7 millones de empleados públicos de este país. “Hablamos de policías, médicos, docentes, personal de juzgados de instituciones penitenciarias, enfermeros, carteros, personal de oficina y atención al público, servidores públicos y que todos los días se dejan la piel para mantener el nivel de calidad de los servicios públicos".

"No podemos consentir que la crisis sirva para desmantelar los servicios públicos”, destacó el presidente del sindicato, Miguel Borra. Además, para CSI-F las medidas anunciadas por Rajoy no inciden en el problema fundamental que ha lastrado las cuentas públicas durante los últimos años: la duplicidad de administraciones, el derroche en obras e infraestructuras (aeropuertos y autopistas infrautilizados) o las estructuras administrativas ineficientes (embajadas autonómicas en el exterior) .“No puede ser que los empleados públicos volvamos a ser los paganos y la caja de ahorros del Estado, cada vez que se nos anuncie una nueva mala previsión económica o un dato negativo”, aseveró Miguel Borra.

 
Borra recordó que “llueve sobre mojado” y que los empleados públicos, a largo de los últimos tres años, arrastran una rebaja salarial del 5 por ciento (2010), dos congelaciones salariales (2011 y 2112), con una pérdida de poder adquisitivo del 21 por ciento, así como la amortización de plazas de personal jubilado y la no renovación de personal interino, lo que ha supuesto la destrucción de 160.000 puestos de trabajo. Todo ello, sumado a la rebaja de sueldos y el empeoramiento de las condiciones laborales en las administraciones autonómicas.
 
Por otro lado, CSI-F insiste en que en este país “no sobran empleados públicos”. Así, mientras que enEspaña hay un empleado público por cada 15 ciudadanos, en Alemaniapor cada 18 ciudadanos y en Francia por cada 12.“No somos muchos. Estamos en la media”, apuntó. Ahora bien, lo que “no tiene ninguna explicación la multiplicación hasta el infinito de empresas públicas que se ha producido en los últimos años para sortear la Ley”. “Los empleados públicos tienen que saber que CSI-F va a seguir defendiendo sus intereses y sus derechos como lo hemos hecho a lo largo de los últimos 30 años”, recalcó Borra. En este sentido, el presidente de CSI-F recordó que el Tribunal Constitucional de Portugal determinó la semana pasada que la rebaja de sueldos en el sector público es discriminatoria respecto al sector privado, apuntando la posibilidad de que en España pueda suceder lo mismo.

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