El primero de los puntos de la demanda presentada por Policarpo Sánchez es la exigencia de la devolución al Archivo de Salamanca de los documentos que nunca tuvieron que salir del archivo y que pertenecen a particulares u organizaciones. Un claro ejemplo es la documentación del Partido Socialista de Asturias o el certificado de trabajo de un joyero de la Puerta del Sol de Madrid y que nada tuvo que ver nunca con Cataluña.
Para ello, el investigador salmantino aporta numerosa documentación en la que pueden verse sellos de Santander, Madrid y otros muchos puntos de España. “La Generalitat se llevó lo que quiso y se saltó todos los controles de seguridad”, afirma Policarpo Sánchez, que añade que “no es una demanda contra Cataluña, sino que solo pide que se cumpla la ley”.
 
El segundo punto es la exigencia a la Generalitat de la devolución de los documentos que no se restituyeron. Y es que existe una sentencia del Tribunal Constitucional de enero de 2013 que establece que los documentos van a Cataluña para que se restituyan a sus propietarios, y que si no existen agrupaciones o particulares a los que entregárselos, deben devolverlos al archivo de procedencia, que en este caso es el de Salamanca.
 
El cálculo realizado por el investigador es que más de 200.000 documentos que tienen que devolverse, ya que la cifra de las restituciones es “irrisoria”, pero la Generalitat se niega “e incumple la ley, por lo que pedimos que se le obligue a cumplirla”.
 
Fraude de ley
 
El tercero de los fundamentos de la demanda es la denuncia de que ha existido “fraude de ley”, ya que según asegura Policarpo Sánchez, ha habido documentos que sí han sido restituidos “pero a amigos de la Generalitat, no a sus propietarios”. En este sentido, el investigador afirma que el Gobierno catalán ha ofrecido a particulares y agrupaciones reconocer la titularidad de documentos a cambio de dejarlos en Cataluña.
 
Por último, Policarpo Sánchez exige que sean depositadas las copias de todos los documentos que hayan cumplido los requisitos legales para su traslado, ya que la ley establece que hay que dejar una copia digital en Salamanca. “Hemos presentado 604 pruebas de ilegalidad y se ha detectado hasta un 90% de casos sin digitalizar”.
 
Finalmente, el investigador salmantino afirma que una prueba fehaciente de la “chapuza” que se ha hecho con el Archivo de Salamanca es el envío de material de año 2000, que evidentemente nada tiene que ver con la Guerra Civil Española.

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