Las participaciones preferentes son un producto complejo que la banca vendió en las sucursales como si fueran depósitos, también a particulares sin conocimientos y, en ocasiones, sin su consentimiento. El Gobierno está decidido a que no se repita el escándalo de las preferentes, por lo que impondrá a partir de la próxima semana restricciones en la venta a particulares.
Más de un millón de clientes han visto sus ahorros atrapados en las preferentes. Alrededor de treinta mil afectados pertenecen a Castilla y León, de los cuales se estima que el 8% son salmantinos, según datos de la Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas Españolas (Adicae). El problema es que al ser colocadas en redes bancarias, además de haber sido adquiridas por inversores sofisticados, también lo han sido por inversores no preparados y que no reunían los requisitos adecuados. El perfil de los afectados son mayores que tenían ahorros. A diferencia de otras comunidades, como Galicia, en Castilla y León aún no se ha visto capacidad de protesta suficiente para declarar contra esta estafa. Falta la formación de una plataforma de afectados consolidada.
Por esta causa, a partir de la aprobación del nuevo decreto las entidades bancarias que coloquen preferentes en las sucursales deberán destinar la mitad de la emisión a inversores institucionales, como fondos de inversión, a los que se aplicará las mismas condiciones que a los particulares. Cuando la entidad emisora no cotice en Bolsa se exigirá al comprador una inversión mínima de 100.000 euros para limitar las posibilidades de comercialización.
Estos productos, por su naturaleza, no son los más adecuados para un ahorrador normal, por lo que los bancos tendrán que crear un registro de productos ‘complejos’ para avisar a los ahorradores. Si aún así el cliente pretende adquirirlos, debe confirmar por escrito que es consciente de la situación y que, a pesar de saber que no es lo más acertado, quiere adquirir el producto. La nueva regulación pretende así evitar que se vuelvan a cometer los errores del pasado, pero aún así queda pendiente resolver el problema de aquellos ahorradores que se han visto atrapados en dichos productos y no han podido recuperar sus ahorros.
Otras alternativas
Algunas entidades financieras están ofreciendo canjes de preferentes por acciones u otros productos, como deuda subordinada, que permiten recuperar el dinero pasado un tiempo. Las entidades españolas nacionalizadas que han recibido ayudas públicas, como Bankia, Novagalicia, CatalunyaCaixa o Banco de Valencia, quienes fueron muy activas en la venta de estos productos, no pueden hacerlo porque la Comisión Europea exige que el coste de su reestructuración sea pagado también por sus acreedores, incluidos los que compraron preferentes.
Ahora estudian ofrecer canjear las participaciones preferentes por bonos con un valor nominal entre el 50 y 70% inferior pero a un interés suficientemente alto para compensar en un plazo de seis años las pérdidas de los titulares de preferentes. Plataformas de afectados aseguran que la quita del 70% de sus ahorros sería "ilegal" y rechazan esta alternativa para una posible devolución del dinero. Es muy difícil que la recuperación se realice por vía extrajudicial, por lo que la mejor solución apunta hacia el pleito individual, ya que los jueces son conscientes de que algunos ahorradores no reunían los requisitos adecuados y han sido engañados. En este caso conseguirían que les fuera devuelto el importe total. Además en Castilla y León la mayoría de los afectados pertenecían a entidades locales con poca capacidad de maniobra.
En la actualidad, el Banco de España negocia con Bruselas unas condiciones de canje que permitan que el daño que sufran los inversores en preferentes sea el menor posible. También se apunta la posibilidad de que se ofrezca a estos inversores canjear sus títulos con un bono que puedan negociar en el mercado secundario e, incluso, obtener una rentabilidad a su vencimiento.
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