URCL ha podido comprobar cómo en las anteriores salidas de fondos se cometieron determinadas irregularidades que no puede pasar por alto, según denuncia en un comunicado. "Por encima de partidismos y posibles acuerdos de conveniencia entre formaciones políticas está el respeto a la legalidad vigente, los ideales propios y los compromisos adquiridos frente a los ciudadanos, sorprende por ello, cómo a día de hoy, además de con una Ley 21/2005 posiblemente contraria al principio de igualdad, por conceder a Cataluña derechos que no concede a las restantes autonomías, nos topamos con que tampoco se ha respetado el contenido de la misma, saliendo siempre perjudicado el Archivo de Salamanca", explica.
 
A su juicio, se transfirió documentación que o no fue incautada en Cataluña o no correspondía a personas y entidades estrictamente catalanas. Además se ha identificado documentación perteneciente a refugiados de Aragón, Asturias o Madrid como de organismos o entidades catalanas o se ha transferido documentación en la que no consta el lugar de incautación. También se transfirió documentación entregada a quienes no son sus legítimos propietarios, así lo denunció por ejemplo la CNT.  Se entregó documentación de particulares castellanoleoneses –y de otras regiones españolas- a la Generalidad de Cataluña, y se han transferido documentos de organizaciones políticas y sindicales cuyos legítimos propietarios se han opuesto expresamente a dicho traslado (PCE, CNT, etcétera). 

Continúa el comunicado que no existe una relación detallada de la documentación transferida, simplemente una más que escueta descripción que en no pocas ocasiones dista mucho del contenido real de las cajas entregadas a la Generalidad de Cataluña. Por lo que el obligatorio proceso de digitalización de la documentación saliente se ha realizado de forma irregular ha conllevado el envío de decenas de miles de documentos sin dejar copia en Salamanca. 

URCL ha trasladado estas irregularidades a las correspondientes administraciones (Ministro de Cultura, Junta de Castilla y León, Diputación y Ayuntamiento de Salamanca y Generalidad de Cataluña) y les ha solicitado que ante la posible nueva salida de fondos y la extensa lista de graves irregularidades detectadas, se paralice cualquier nueva salida de documentos. 

 

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