En primer lugar, explican los populares que no existe ningún tipo de ilegalidad porque la Diputación no contraviene ninguna ley urbanística que no permita demoler dicho edificio. El PP precisa que estas viviendas eran un bien de dominio público que no implica que el terreno donde se encontraban construidas tuviera que ser desafectado a la hora de acometer su demolición ya que la normativa no lo exige. Por eso, al no ser necesario desafectar no se requería tratar este asunto en pleno, ni someter a exposición pública. "El Grupo Socialista miente en sus afirmaciones con la premeditada intención de causar un daño gratuito a esta institución y a su equipo de Gobierno", añaden los populares.
Los populares también niegan la existencia de un expediente de actuación en estas viviendas. Así, explican que se inició un expediente administrativo que consta de una providencia de inicio y de una serie de actos administrativos que lo van concluyendo, como el decreto que formaliza la adjudicación de las obras de derribo y el acta de recepción de las mismas. "La única anomalía que pudo existir en el expediente es de forma y subsanable, en ningún caso material, que fue la falta de licencia, defecto que fue subsanado con posterioridad en el expediente", argumentan.
Por eso, el PP recuerda al PSOE que su grupo está en la oposición y que es el equipo de Gobierno quien está legitimado para la toma de decisiones. Al respecto, aclara que las viviendas del Reina Sofía no eran habitables, ya que corrían un serio riesgo de derrumbe, razón por la que meses atrás la última inquilina tuvo que abandonar el edificio. "No es ningún atentado contra el patrimonio público, como afirma el Grupo Socialista; más bien constituiría un atentado contra los ciudadanos continuar manteniendo en pie una construcción que supondría un grave riesgo para la integridad de las personas. Además, en este caso se da uno de los supuestos que contempla el reglamento urbanístico de Castilla y León para declarar el estado ruinoso de esas viviendas: que el presupuesto de rehabilitación de las viviendas supera el cincuenta por ciento del valor de las viviendas", concluyen los populares.
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