En la actual legislatura el PSOE cuenta con nueve diputados provinciales. Tres de ellos, su portavoz, Isidro Rodríguez Plaza, así como Carmen García Romero, alcaldesa de Doñinos de Salamanca, y José Francisco Bautista, alcalde de Hinojosa de Duero, cuentan con una dedicación exclusiva, por lo que se les presupone una mayor presencia en la Diputación. El resto tiene su propio trabajo o situación laboral paralela, acudiendo a cinco comisiones semanales, de media hora de duración cada una los miércoles y viernes, y a un pleno ordinario al mes (algunos meses hay plenos extraordinarios, pero son los menos), de unas dos horas de duración. Y por esas doce horas al mes estos seis diputados reciben al menos 1.500 euros netos, según consta en la declaración de causas de posible incompatibilidad y de actividades de la Diputación de Salamanca, a la que puede tener acceso cualquier ciudadano a través de la página web de la institución provincial.
En concreto, Antonio Luengo, alcalde de Cristóbal de la Sierra, figura en la declaración de bienes como empleado de una empresa cárnica, cobrando 21.035,13 euros de retribución neta anual de la Diputación y 1.081,80 de organismos autónomos; José Lucas, alcalde de Galinduste, figura como administrador de una empresa de construcción, cobrando 21.215,43 euros de la Diputación; Francisco Martín del Molino, concejal en Florida de Liébana, figura como jefe de negociado en educación del Ayuntamiento de Salamanca, donde es funcionario, cobrando 20.975 euros de la Diputación; Celso Ramos, alcalde de Navasfrías, figura como jubilado pensionista, cobrando 20.253,83 euros de la Diputación y 180,30 de organismos autónomos; Manuel Ambrosio Sánchez, alcalde de Morille, figura como profesor de la Universidad de Salamanca, cobrando 20.434,13 euros de la Diputación; y Francisco Javier Rodríguez, concejal en Santa Marta de Tormes, figura como funcionario del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, cobrando 18.210,43 euros de la Diputación, además de 5.167,96 del consistorio trastormesino y 185,24 del Consejo Social de la Universidad de Salamanca.
El caso más flagrante
De entre estos seis diputados provinciales llama la atención el caso del alcalde de Morille, Manuel Ambrosio Sánchez, pues en dos artículos de opinión publicados por el desaparecido periódico ‘El Adelanto’ en 2010 criticaba el funcionamiento de las diputaciones, pero desde un año después cobra 1.700 euros de retribución neta al mes (1.459 si se divide en catorce pagas) por su asistencia a unas doce horas de comisiones y plenos. Todo ello teniendo en cuenta que además es profesor titular de la Universidad de Salamanca, de Cursos Internacionales de la Universidad y que declaró cobrar también como jurado del Concurso Internacional de Cuentos Miguel de Unamuno.
El 12 de mayo de 2010, en un artículo titulado ‘Manifiesto (I)’, Manuel Ambrosio Sánchez afirmaba que “la pervivencia de las diputaciones provinciales tal como están concebidas, significan no ya un obstáculo para salir de la agonía: ese modelo inoperante es, en sí mismo, el principal problema”. Y añadía: “modelo ineficaz que encarna la Diputación Provincial de Salamanca”. Una semana después, el 19 de mayo de 2010, en otro artículo titulado ‘Manifiesto (II)’, aseguraba: “Me parece muy bien el recorte en el sueldo de ciertos cargos públicos, preferiría un cuestionamiento severo del organigrama de la administración en su conjunto”. Un año después entraba a formar parte de la Corporación provincial de la Diputación, con malestar de alcaldes y concejales por representar a una zona cuyos diputados siempre habían sido cargos de municipios con más población, como Guijuelo o Los Santos, y con una retribución neta por encima del salario medio de los trabajadores salmantinos, en su mayoría mileuristas.
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