Los dueños de la vivienda de la que se pretende desahuciar a una anciana enferma y con su hijo en paro han querido también ofrecer su versión de los hechos ante SALAMANCA24HORAS. "No tenemos nada que ocultar y tenemos la conciencia muy tranquila. Si hemos llegado a esta situación  ha sido porque después de intentar de todas las formas posibles dialogar y llegar a un acuerdo con Santiago, el hijo de la inquilina, que comparte vivienda con ella, ha resultado imposible debido a su actitud", aseguran.

Así, explican que la vivienda se compra en los años 90 debido a un inminente desahucio del banco, por la amistad que les unía a los inquilinos, para que no se quedaran en la calle. Entre las dos partes se acordó firmar un contrato con 30.000 pesetas de renta. Los pagos siempre fueron  irregulares y, aún así, nunca se exigió un aumento de renta, "ni siquiera el IPC, ni unos intereses por la demora. Es más, ha habido temporadas en las que no tenían dinero para pagar el piso y no sólo no se les ha cobrado la renta durante meses sino que se les ha prestado dinero para que pudieran seguir viviendo dignamente; dinero que, por supuesto, nunca han devuelto". Desde diciembre de 2007 no sólo no pagan las 30.000 pesetas de renta, continúan los dueños (a día de hoy, la deuda asciende a aproximadamente 8.600 euros) sino que dejan de pagar también sus gastos de comunidad, calefacción y agua caliente, "de los cuales también nos hacemos cargo nosotros, habiendo sido el último ingreso a la comunidad de propietarios de más de 3.000 euros". 

 
Debido a esta situación y tras intentar reubicarles en otra vivienda, que siguieran pagando lo que pudieran y como pudieran, "y que a nosotros nos supusiera menos gastos, la única respuesta por su parte han sido negativas, insultos, presentación de pruebas falsas, mentiras y amenazas, no pago porque no me da la gana, me estás robando, te voy a dar dos hostias cuando te vea en la calle, te voy a matar…,  habiendo llegado así a la situación irrevocable del desahucio".

En 2010 se contacta con su abogado, quien les aseguró que en mayo de 2011 se abandonaría la vivienda con lo que, aunque no se harían cargo de la deuda que tenían pendiente, por lo menos evitarían gastos de calefacción, agua caliente, etcétera, a mayores. Desde primeros de octubre de 2011 se sabe que se debe abandonar la vivienda porque así lo dictamina el juez por lo que ha habido tiempo más que suficiente de organizarse y de buscar soluciones. "Entendemos que desde el movimiento se quieran buscar alternativas. Nosotros, de momento, nos hemos hecho cargo de la situación durante cuatro años… ¿alguno está dispuesto a hacerse cargo a su costa, con su dinero, en su casa, durante otros cuatro?", añaden.

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