Los datos del paro vuelven a diferir entre Gobierno e Instituto Nacional de Estadística en un contexto donde la economía sumergida alcanza ya a la cuarta parte de los trabajadores. Según la Asociación de Trabajadores Autónomos, en Salamanca hay 9.000 trabajadores que no declaran su actividad laboral, alcanzando el mercado negro más de 500 millones de euros al año en la provincia charra. Los técnicos de Hacienda presentan estimaciones aún más alarmantes, en torno al 23 por ciento del PIB.
Sectores como el de la construcción, la hostelería y la restauración, la agricultura, el trabajo doméstico en hogares que emplean personas, la educación en escuelas infantiles, escuelas de verano, las actividades extraescolares. El comercio al por menor, los servicios sociales de atención a personas, la sanidad privada. Los servicios de todo tipo a las empresas, el transporte de mercancías por carretera y determinadas actividades de asistencia técnica en diferentes administraciones públicas, son sectores que pueden tener mayor incidencia de la economía sumergida y el trabajo irregular.
El Gobierno pondrá en marcha un Plan General de Control Tributario que se centrará fundamentalmente en la lucha de la economía sumergida y los paraísos fiscales. Una de las novedades que aprobará el Ministerio de Hacienda, adelantada este miércoles por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, será limitar el uso de efectivo en determinadas transacciones económicas a 2.500 euros, especialmente las realizadas con billetes de alta denominación, para aflorar parte de la economía sumergida que se lleva a cabo a través de estas operaciones.