La economía sumergida suma y sigue. Su tamaño aumentó en 60.000 millones de euros durante la crisis, hasta situarse en el 24,6% del Producto Interior Bruto (PIB) al cierre de 2012, lo que supone más de 253.000 millones de euros ocultos, según recoge el informe 'La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en España durante la crisis', presentado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) y dirigido por el profesor Jordi Sardà de la Universitat Rovira i Virgili. Un informe que sitúa a la provincia de Salamanca cuatro puntos por encima de la media nacional, en el 28,3% del PIB, y diez más que al inicio de la crisis en 2008.
Este importante incremento se debió en gran medida, explica el informe, "al efecto arrastre provocado por el ‘boom’ inmobiliario, ya que en los años previos logró crear una gran dependencia de la economía española ligada a este sector y que fue imposible de cortar por lo sano en los primeros momentos de la crisis económica y financiera". Así, "al tsunami del ladrillo le siguieron otras causas que influyeron de modo decisivo en el aumento del fraude, como el espectacular repunte del paro, triplicándose la tasa de desempleo hasta el 26% de la población activa a finales de 2012, las subidas de impuestos que no fueron acompañadas por un eficiente control tributario y la multiplicación de casos de corrupción política y empresarial".
Por otro lado, más allá de los datos puramente económicos, el informe señala que en España existe un grave problema de moralidad con el pago de impuestos, lo que complica aún más la equiparación de nuestro nivel de fraude al de otros países europeos donde la cultura defraudadora no está tan enraizada. De hecho, sólo Italia, Portugal y Grecia presentan valores superiores a los españoles, pero aún nos situamos muy lejos de países como Alemania (13,1%), Francia (10,8%) o Gran Bretaña (10,1%). En este sentido, el informe incluye como una de sus propuestas la reducción de la economía sumergida en al menos diez puntos porcentuales, un objetivo que considera realista, si bien reconoce que es “muy difícil” bajar de tasas de entre el 6% y el 8% del PIB, dado que hay actividades económicas que no serían rentables si se legalizasen.
El efecto capital y la brecha entre provincias
Uno de los puntos fuertes que caracterizan este estudio es que analiza el impacto de la economía sumergida por comunidades autónomas y provincias, permitiendo sacar conclusiones sobre cómo la crisis ha incidido de forma desigual en los diferentes rincones del país. Así, el estudio hace hincapié en el peculiar caso de Madrid, que registra una tasa de economía sumergida “llamativamente baja”, del 17,3% de su PIB, la más moderada del país. Este fenómeno se explica por la elevada concentración de grandes empresas nacionales y extranjeras y grandes fortunas, que concentran los ingresos tributarios de sus actividades en esta comunidad mientras que gran parte de su negocio se genera en otras autonomías.
De hecho, en Madrid tienen su sede el 60% de las cien mayores corporaciones empresariales del país, muchas de las cuales eluden el pago de impuestos a través de las prácticas fiscales abusivas como las exenciones fiscales. En un análisis territorial, el mayor aumento del fraude se registró en aquellas autonomías más castigadas por el colapso del ladrillo y el desempleo, como Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias y parte del Levante español, aunque también se dejó sentir con intensidad en zonas tradicionalmente con un menor dinamismo económico, como las zonas rurales y de interior de Galicia y Castilla y León.
Pero sin tener en cuenta los efectos dramáticos de la crisis, este estudio pone de manifiesto que hay zonas geográficas en las que la economía sumergida es un mal endémico, como es el caso de las provincias de Ávila, Albacete, Ourense y Toledo, todas ellas de interior y menos dinámicas. En el lado contrario se sitúan Madrid, Tarragona, Lleida, Barcelona, Zaragoza y La Rioja, con menos fraude que la media en el periodo que va del año 2000 al 2012.
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