El empleo público se ha más que duplicado durante las últimas tres décadas, frente a un crecimiento del cincuenta por ciento en el sector privado. De esta forma, los ayuntamientos han duplicado su personal desde los años ochenta y las comunidades autónomas lo han quintuplicado al asumir más competencias. Sin embargo, a diferencia de las crisis de 1983 y 1993, el sector público no ha ajustado sus plantillas. Es más, en los últimos tres años el empleo público aumentó un siete por ciento. Así lo muestra el informe ‘Empleo y gasto de personal en el sector público’ elaborado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
El fuerte crecimiento del empleo público desde 2008 en las comunidades autónomas no se corresponde con el proceso de transferencias del Estado, prosigue el informe. Y es que el grueso de transferencias se produjo entre 1982 y 1985 y entre 1994 y 1999. El trasvase de sanidad y educación, las dos partidas que acaparan más presupuesto concluyeron en 2001, y sin embargo la administración se ha engordado por otras áreas, en lugar de aumentar su plantilla en sanidad y educación a medida que se incrementaban las necesidades.
No todos los empleados públicos son funcionarios. “Llama la atención que, dentro de la estructura del personal del sector público, en las administraciones locales sólo haya un 32 por ciento de funcionarios, frente a algo más del 75 por ciento en la administración central. En las comunidades autónomas, la cantidad se sitúa en el 66 por ciento”, recoge el informe de la COE.
Salamanca se sitúa entre las quince provincias con más personal en la administración local por cada mil habitantes, con una media de quince a veinte empleados. Y mientras este incremento no cesaba, la remuneración de estos empleados del sector público ha ganado peso en el Producto Interior Bruto (PIB), hasta el doce por ciento. De hecho, la remuneración media de los asalariados del sector público ha sido superior a la del sector privado desde el año 2002.
Concluye el informe que el abultado crecimiento del gasto de los asalariados del sector público viene condicionado por la creación de organismos, entes, empresas y agencias cuyo incremento del empleo y nivel salarial no viene establecido en los Presupuestos Generales del Estado, y, por tanto, resulta más fácil de eludir del control del gasto público. Para la CEOE, “todo lo anteriormente expuesto obliga a considerar la reducción del coste de personal por su peso creciente en el total del gasto público, e incluso la reducción del número de efectivos”.
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