La reforma laboral aprobada en febrero por el Gobierno alteró el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores para permitir al empresario aprobar una modificación sustancial de las condiciones laborales de sus empleados de forma unilateral en caso de atravesar condiciones económicas adversas.
Hace quince días, la dirección de Caja España-Duero anunció un recorte de 15,3 millones sobre los 300 que conforman el gasto en personal. El argumento de la empresa, con 4.700 empleados, es que dicho el coste es proporcionalmente superior al de Unicaja, entidad con la que están en pleno proceso de fusión.
Antes de alcanzar un acuerdo con los sindicatos, la vía del ajuste planteado por la empresa pasaba por eliminar complementos de antigüedad, funcionalidad (que dependen de la responsabilidad asociada a cada cargo) y otros beneficios sociales. Dicho ajuste podía suponer entre el 5% y el 25% del salario de un empleado.
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