La Plataforma Sindical y de Asociaciones Profesionales de Empleadas y Empleados Públicos de Salamanca ha vuelto a concentrarse un jueves más en la plaza de la Constitución, cortando temporalmente el tráfico de vehículos en la Gran Vía, para protestar contra los recortes laborales y salariales del Gobierno y la Junta de Castilla y León. Y es que los funcionarios han perdido el 15% de poder adquisitivo durante la crisis, regresando sus sueldos al año 2006, mientras se siguen privatizando servicios, temiendo que el próximo sea la seguridad en los centros penitenciarios, por lo que alertan del desmantelamiento de los servicios públicos.
Así, la plataforma, compuesta por UFP, UGC, SUP, AUGC, SATSE, CESM, ANPE, STECYL-i, USAE, STAJ, USO, CSIF, FSP-UGT, FETE-UGT, FE-CCOO, FSS-CCOO y FSC-CCOO, considera que en los últimos cuatro años, desde el comienzo de esta profunda crisis económica, financiera, social y ambiental, los empleados públicos han sufrido una espiral creciente de recortes. "En este último año han alcanzado niveles alarmantes que afectan ya directamente a la calidad de los servicios públicos que prestamos a la ciudadanía y por ende a su calidad de vida y a sus derechos. Nuestro país, que disfrutó en las pasadas décadas de un sistema de garantías sociales denominado Estado del Bienestar en cuyo marco alcanzábamos niveles ejemplares de calidad en los servicios públicos, se ve sometido hoy con el pretexto de la necesaria disminución del gasto público a unos recortes sin precedentes y a un ataque indiscriminado", aseguran los manifestantes.
También argumentaron que como símbolo tangible del desmantelamiento de los servicios esenciales, las empleados públicos están viendo recortadas sus condiciones retributivas y laborales "en una proporción que raya la injusticia. Además, vemos cómo se cierra la oferta de empleo en nuestros sectores. Para justificar el maltrato a los derechos adquiridos por este amplio colectivo profesional, los políticos desprecian a la función misma que se presta". Así, ven que se han convertido "en un ente desvalorizado, al que se critica sin fundamento y sin consecuencias. Incluso se miente sin pudor al presentar cifras desorbitadas sobre sueldos y condiciones laborales que en esencia son falsas y están manipuladas, trasladando al colectivo de empleados públicos en su conjunto las características y prebendas que corresponden a esa población flotante de nóminas públicas nombradas a dedo, como excrecencias de la política, que constituyen, ellas sí, uno de los más graves problemas de España".
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