Los Presupuestos Generales del Estado para 2015 confirman el anuncio realizado por el ministro de Hacienda la semana pasada de devolver a los funcionarios el 25% de la paga extraordinaria que fue suprimida por el Gobierno en la Navidad de 2012. Además, incluyen una disposición adicional que afecta también a los empleados públicos jubilados y a los herederos de quienes hayan fallecido durante estos dos años.
En concreto, tienen derecho a cobrar los 44 días devengados desde el inicio del segundo semestre de aquel año hasta que fue aprobado el Real Decreto, lo que se traduce en un 24% de aquella paga extra. Por tanto, no se trata de la cuarta parte anunciada por el ministro como primer pago de la totalidad de la paga, sino de los días que miles de funcionarios ya estaban reclamando judicialmente y a los que los tribunales están fallando a favor.
"Al personal que no se encontrara en situación de servicio activo o asimilada en la fecha de entrada en vigor de esta Ley o que hubiera perdido la condición de empleado público, las cantidades a que se refiere la presente disposición le serán abonadas por el ministerio, organismo o entidad al que hubiera correspondido abonar la paga extraordinaria, previa petición dirigida al órgano de gestión de personal, acompañada de certificación de la habilitación de origen de los importes efectivamente dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria así como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes correspondientes al mes de diciembre de 2012", explica el texto al que ha tenido acceso SALAMANCA24HORAS. Y añade que "en caso de que el personal de que se trate hubiera fallecido a la entrada en vigor de la presente disposición, la petición a que se refiere el párrafo anterior deberá formularse por sus herederos conforme a Derecho civil".
Prestaciones del Muface
Mientras, el presupuesto de la mutualidad de funcionarios del Estado (Muface) contará con un presupuesto de 1.613,17 millones de euros para el próximo año, lo que supone un incremento del 1,58 por ciento (25 millones de euros) respecto a las cifras de 2014, según consta en el Proyecto de Ley presentado hoy en el Congreso de los Diputados y al Consejo General de esta entidad. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las administraciones públicas, advierte de que este incremento (destinado fundamentalmente a la asistencia sanitaria y farmacéutica no es real, sino una congelación encubierta, porque se verá anulado por el efecto de la entrada en vigor del IVA sanitario a partir del próximo 1 de enero.
"El envejecimiento se traduce en la jubilación y por tanto la disminución de las cuotas de mutualistas en 45 millones de euros (un 13,44 por ciento menos) y un incremento de los gastos sanitarios que acarrea este colectivo. A este dato se suma que el Gobierno sólo va ha renovado en un año el concierto con las compañías aseguradoras, lo que evidencia una falta de compromiso con la estabilidad del modelo asistencial", explica el sindicato.
Y añade que, por otra parte, el Gobierno vuelve a congelar las partidas destinadas a prestaciones sociales y prótesis, "como ya se nos adelantó el pasado mes de julio y rebaja en un 2,58 por ciento las subvenciones a minusvalías. Estos recortes no se corresponden con la supuesta recuperación económica que plantea el Gobierno y vuelve a situar a los empleados públicos como uno de los colectivos más perjudicados".Los recortes afectan fundamentalmente a prestaciones dentarias, tratamientos por ortodoncia (sólo se cubren los procesos iniciados antes de los 18 años y un único tratamiento), prótesis oculares y auditivas. "En 2012 también se nos recortaron las ayudas a la adquisición de la vivienda, al estudio y por fallecimiento, entre otras", concluye CSI-F.
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