Un viernes más, los funcionarios y empleados públicos han vuelto a salir a la calle para protestas contra los recortes del Gobierno en sus retribuciones salariales y condiciones salariales. A las once de la mañana, un grupo de trabajadores de la Seguridad Social ha cortado temporalmente el tráfico en el paseo de Canalejas, mientras al mismo tiempo lo hacían los funcionarios de Subdelegación del Gobierno y Junta de Castilla y León en la plaza de la Constitución, impidiendo temporalmente la circulación de vehículos en la Gran Vía.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), UGT, CCOO y el resto de las 25 organizaciones presentes en la Plataforma Sindical y de Asociaciones profesionales de Empleadas y Empleados Públicos, estarán presentes el próximo domingo en las manifestaciones que se celebren en todas las capitales de provincia españolas contra el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
Asimismo, los sindicatos de la función pública inician un proceso de reflexión, a lo largo de los próximos 15 días, para valorar la idoneidad de una posible convocatoria de huelga general contra los recortes del Gobierno. De manera paralela, la Plataforma Sindical acudirá la próxima semana al Defensor del Pueblo para trasladar una queja por el real decreto de recortes en el Sector Público y, a lo largo de este mes, se materializará la presentación de varias acciones judiciales contra el Gobierno ante diferentes organismos internacionales, como la OIT, el Parlamento Europeo.
CSI-F, sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas,reitera su rechazo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2013 porque “consagran la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos, que ya se eleva a más del treinta por ciento, a lo largo de los últimos tres años”. Además de los recortes añadidos sobre las condiciones de trabajo, CSI-F avisa que los presupuestos tampoco garantizan el nivel de los servicios básicos puesto que da margen a las administraciones a establecer una tasa de reposición de efectivos menor del diez por ciento establecido en los últimos años. Esto se traducirá en menos médicos, menos maestros, menos bomberos, menos policías y en definitiva una peor calidad de los servicios públicos
Según CSI-F, “ha llegado hora de pasar página a los recortes y afrontar la reforma que necesita la Administración”. Así, reclamó al Gobierno como principal responsable de la gestión del país y al resto de las fuerzas políticas, que negocien junto a los representantes sindicales un pacto de Estado y un Plan de Recursos humanos realista y acorde a los servicios que merecen nuestros ciudadanos.
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