El pasado viernes el Gobierno aprobaba en Consejo de Ministros un Real Decreto que incluye una oferta de empleo público de 2.026 plazas que consolidará los puestos de trabajo y la profesionalización de nuestros juzgados y tribunales. Este lunes se ha conocido la distribución: gestión procesal, 280; tramitación procesal, 752; auxilio judicial, 752; médicos forenses, 70; facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, 12; y secretarios judiciales, 160.

La distribución de plazas entre el Estado y las comunidades autónomas se ha decidido tras los trabajos realizados en la comisión técnica de la Conferencia Sectorial. En el ámbito de la Administración de Justicia, del total de plazas de funcionarios ofertadas, 321 corresponden al Ministerio de Justicia  (305 al cupo general y 16 al cupo de personas con discapacidad) y el resto a las comunidades autónomas con los medios personales transferidos. Entre las vacantes del Ministerio, 160 plazas se destinarán al Cuerpo de secretarios judiciales, que desempeñarán sus funciones en el ámbito de los órganos jurisdiccionales que integran la Administración de Justicia.

Con esta medida se pretende reducir la significativa tasa de interinidad que presentan los distintos cuerpos de funcionarios al servicio de los diferentes órganos jurisdiccionales. La principal causa que ha motivado esta alta tasa de interinidad -más del 22%- es que en los últimos catorce años se han ido creando órganos judiciales y plazas de jueces y magistrados de manera prácticamente sostenida sin que fueran previstas las correspondientes dotaciones de funcionarios titulares a través de las correspondientes Ofertas de Empleo en la Administración de Justicia. Esto obligó a cubrir esas plazas con personal interino. 

Tanto en el Cuerpo de secretarios judiciales como en el de Gestión y Tramitación procesal se ha de reservar el 50% de las plazas para promoción interna tal y como dispone el artículo 490 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por tanto, se inicia de esta manera un proceso con el que se pretende lograr la mayor profesionalización posible en el ámbito de la Administración de Justicia.

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