El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado en el Congreso una serie de medidas para mejorar el funcionamiento del mercado hipotecario y proteger a los colectivos en situación de especial vulnerabilidad como consecuencia de la crisis. Con estos cambios se pretende mitigar los efectos de la crisis para aquellas familias que no pueden hacer frente a su hipoteca por circunstancias económicas sobrevenidas.
 
El objetivo  es equilibrar la posición de las partes involucradas en un procedimiento de embargo. Con este fin, los intereses de demora que pueden exigir las entidades de crédito se limitarán a tres veces el tipo de interés legal del dinero (ahora en el 4%). Esta medida se aplicará a los intereses de demora devengados a partir de la entrada en vigor de la ley y, por tanto, tendrá efectos sobre las hipotecas nuevas y también sobre las actuales que entren en mora.
 
Se va a reforzar igualmente la independencia de las sociedades de tasación respecto de las entidades de crédito con dos medidas: obligación de aceptar la tasación homologada aportada por el cliente y reducción del 25% actual al 10% del porcentaje que otorga carácter de participación significativa.
 
En cuanto al procedimiento de venta extrajudicial, la reforma va encaminada a dar rango de ley a la normativa al respecto con el fin de aumentar la seguridad jurídica. Se persigue también agilizar los procedimientos, de forma que la carga de intereses como consecuencia de posibles retrasos en los procesos judiciales se vea aligerada para el deudor. Como novedad, se introduce la posibilidad de realizar subastas online.
 
Por último, se limitará a 30 años el plazo máximo para las hipotecas que puedan ser objeto de titulización; es decir, que solo podrán ser utilizadas como cobertura para las emisiones de cédulas hipotecarias aquellas cuyo plazo máximo de vencimiento sea inferior a 30 años.
 

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