Las reformas en el mercado laboral no han terminado. Después del verano el Gobierno quiere reducir las profesiones con colegiación obligatoria a través de la nueva Ley de Servicios Profesionales, que definirá el catálogo de profesiones con colegiación obligatoria y reserva de actividad, es decir, aquellas que sólo pueden ejercerse con una determinada cualificación. De esta forma, el Ejecutivo pretende recortar de 192 a 50 las profesiones con reserva de actividad.
La futura medida ya está generando polémica, pues la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha recalcado la necesidad de abordar con urgencia esta ley estatal tras publicar tres informes sobre las propuestas de modificación de distintos estatutos de colegios profesionales, el de ingenieros agrónomos, el de geólogos y el de los ingenieros técnicos y peritos agrícolas. Pero los colegios profesionales no apoyan una medida que consideran va en contra de la dinamización del mercado laboral, pues temen que la colegiación sucumba a la ola liberalizadora.
El primer borrador del anteproyecto de ley contemplaría como excepción a los médicos y abogados, que serían los únicos perfiles que salvaguardarían su estatus actual y mantendrían la colegiación obligatoria, siempre y cuando no se ejerciera en la Administración Pública. El resto debería funcionar con la voluntaria, incluidos los arquitectos, pues el Gobierno cree que hay una regulación excesiva en gran parte de las profesiones, sobre todo en las ingeniarías.
Los médicos esperan que el Ministerio de Economía, encargado de redactar la Ley de Servicios Profesionales, les incluya en el catálogo, pues de lo contrario consideran que incluso se puede afectar al ejercicio de la profesión sanitaria, con graves consecuencias para los pacientes y poniendo en peligro la sanidad pública tal y como se conoce en la actualidad.
Por su parte, en el sector de la abogacía ven necesaria una reforma de la colegiación profesional en cuanto a algunos aspectos, pero no sobre los límites a la reserva de actividad. Así, algunos profesionales consultados por este diario recuerdan que ya se ha mejorado sensiblemente el sector potenciando la movilidad de los colegiados, reduciendo costes, revisando la regulación del visado, los honorarios, etcétera.
Otros sectores como los graduados sociales también consideran que la colegiación debe seguir siendo obligatoria para todas las profesiones. A su juicio, esta posibilidad de hacer voluntaria la pertenencia no sólo no contribuiría a dinamizar la economía sino que pondría en riesgo los derechos de los ciudadanos. Y es que explican que los colegios profesionales no son centros de servicios, sino que evitan que el ejercicio profesional sea un galimatías.
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