Concretamente, para los delitos agravados la pena máxima de prisión será de dos a seis años, frente el umbral de uno a cinco años actuales. Además, el plazo de prescripción pasará de cinco a diez años también para los restantes supuestos de delito fiscal.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recalcado que esta modificación persigue actuar con "más contundencia" contra este tipo de delitos.
La vicepresidenta ha explicado que el proyecto de ley contempla que cuando se descubre en una inspección tributaria la existencia de un posible delito fiscal, para evitar que el supuesto defraudador se desprenda de todas sus posesiones, se comenzará a realizar el cobro desde el primer momento en lugar de esperar al momento de la sentencia, salvo que el juez decida otra cosa. Esta modificación también se aplicará a los casos de fraude en el cobro de subvenciones o prestaciones.
El Gobierno también espera dar una "respuesta tajante" a las tramas de fraude en el IVA. En este caso, no será necesario esperar al transcurso del año cuando se defraude más de 120.000 euros. Así, se podrá proceder a la denuncia inmediata en lugar de tener que esperar a la finalización del año natural para poder denunciar el hecho como delito fiscal.
El proyecto de Ley incluye asimismo una serie de mejoras técnicas destinadas a favorecer la regularización voluntaria del contribuyente y aumentar la recaudación.
Entre ellas figura un atenuante --rebaja importante de la pena-- por reparación del prejuicio económico causado a la Hacienda Pública. Se aplicará en los casos de regularización dentro de los dos primeros meses tras haber recibido una citación judicial y en los casos en que el contribuyente colabore en la identificación de otros sujetos responsables.
Lucha contra el fraude laboral y a la Seguridad Social
El Consejo de Ministros ha acordado la remisión a las Cortes el Proyecto de Ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, que enmarca en el Plan aprobado el pasado 27 de abril.
La vicepresidenta del Gobierno ha explicado que se amplía de uno a tres años el plazo para exigir responsabilidad solidaria en los casos de subcontratación y se potenciará la colaboración de la inspección de trabajo con otros organismos que tienen datos de las empresas.
Será infracción grave no cotizar por salarios de tramitación y por las vacaciones devengadas y no disfrutadas. Se considerará muy grave dar ocupación a trabajadores cuyos contratos estén suspendidos u ocuparles a tiempo completo cuando tienen una reducción de jornada, así como comunicar fuera de plazo o no comunicar variaciones de datos a la Seguridad Social.
Reforma de las tasas judiciales
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
El Ministerio de Justicia calcula que los ingresos anuales por la recaudación de las nuevas tasas judiciales ascenderán a 306 millones de euros, frente a los 164,4 millones de euros que se recaudaron en 2011 por este mismo concepto.
Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios