El Gobierno considera que la reducción de los costes administrativos derivados de la legislación española “es una tarea que permitirá mejorar las relaciones de los ciudadanos con sus administraciones públicas y aumentar la competitividad de las empresas, eliminando obstáculos y cargas y simplificando la legislación que entorpezca la actividad empresarial”. Se trata, por tanto, de dar participación a los ciudadanos y a las empresas, a través de este buzón, para que presenten en él sus propuestas sobre los trámites que ellos consideran generan cargas administrativas y que son susceptibles de ser reducidas o eliminadas.