La Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha celebrado recientemente la decimotercera edición de los Encuentros Tributarios, donde se puso de manifiesto la necesidad de obtener información sin necesidad de identificación previa por parte de los inspectores. De ahí la reclamación de poder actuar de incógnito junto con chivatos fiscales para perseguir con más eficacia la conductas infractoras, sobre todo la prestación de servicios sin Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
Para combatir estas prácticas, los inspectores de Hacienda consideran que se debería regular legalmente la posibilidad de que la Inspección pudiera efectuar actuaciones de obtención de información actuando de incógnito. “Se debería regular claramente un procedimiento de obtención de información sin necesidad de identificación previa por parte de la Inspección, evitando actuaciones por incitación al delito, o vulneración de algún derecho fundamental”, recoge un informe al que ha tenido acceso SALAMANCA24HORAS.
Dicho procedimiento, junto con la fuerza probatoria que ya le otorga el artículo 107 de la Ley General Tributaria a las diligencias de la Inspección, como documento público, sería a juicio de los expertos un medio eficaz para la lucha contra estas conductas. Pues en determinadas conductas infractoras, como el ofrecimiento de productos o servicios destinados al fraude, o la prestación de servicios sin IVA, el defraudador tendría que preguntarse si el cliente es verdadero o no o, si siendo verdadero, va a denunciar posteriormente la operación para salvar su responsabilidad; o bien va a ser denunciado por algún empleado o cliente porque tiene derecho legal a participar en el importe de las sanciones que se impongan.
Denuncia tributaria
Otra propuesta de los inspectores de Hacienda es regular la denuncia tributaria, con participación del denunciante en el importe de la sanción que se imponga. Así, consideran que la medidas más eficaces en la lucha contra los paraísos fiscales han sido las de tipo coercitivo, o las que se han basado en la
obtención de información de empleados de las entidades financieras. “Se debería potenciar la figura de la denuncia tributaria, introduciendo una modificación en la Ley General Tributaria para que el denunciante participe en un porcentaje de la sanción que se imponga al denunciado como consecuencia de su colaboración”, añade el informe.
Este tipo de denuncia ya estuvo en vigor en el sistema tributario español hasta el año 1986, considerándose en la Ley General Tributaria como un medio de iniciación del procedimiento. El denunciante debía efectuar un depósito para responder de su veracidad, existiendo excepciones a dicha obligación, y tenía derecho a participar en un porcentaje del 20 al 30% del importe de la sanción impuesta.
Por eso, se abogar también por regular el pago a confidentes para supuestos de denuncia de delitos. Los inspectores aseguran que otra forma de proceder, que puede ser simultánea a la anterior, sería que la AEAT dispusiera de fondos para pagar informaciones confidenciales de cuyo conocimiento se deriven el afloramiento o recuperación de cuotas defraudadas, similar al que ya se dispone para el pago de operaciones relacionadas con la persecución del contrabando, autorizado por la Disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando.
La modificación que se propone es que se incluya en dicha norma partidas confidenciales también para las investigaciones de la AEAT que pudieran dar como resultado la denuncia por delito fiscal. Y explican los inspectores de Hacienda que esta medida ha sido utilizada, con evidente éxito y rentabilidad por EEUU, que ha pagado 104 millones de dólares a un empleado de un banco suizo, dada la relevancia de la información suministrada, así como Alemania, que pagó 7,3 millones de dólares para que un informante de un banco de Leichtenstein le suministrara los nombres de cientos de alemanes que utilizaban el principado vecino para evadir impuestos, ante la imposibilidad de obtener mayores resultados de ese paraíso fiscal.
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