El Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del Mercado Laboral, conforme a su exposición de motivos, se marcaba como objetivo “crear las condiciones necesarias para para que la economía española pueda volver a crear empleo y así generar la seguridad necesaria para trabajadores y empresarios, para mercados e inversores” Un año después de su entrada en vigor, los propios datos de paro emitidos por el Servicio Estatal Público de Empleo "evidencian el fracaso de la medida y lo erróneo de las supuestas políticas de creación de empleo adoptadas por el Partido Popular", según denuncia La Izquierda de Salamanca.

Así, si en Salamanca en el mes de febrero de 2012 el número de parados inscritos era de 34.456 personas, un año después, en el mismo mes de 2013, los salamantinos inscritos en las oficinas del paro suman ya 37.615, es decir 3.159 personas más, un 9,16% más que hace un año, porcentaje que incluso supera los datos de ámbito estatal, donde en el último año se ha experimentado un aumento del paro del 6,96%, con 328.124 personas más inscritas en el paro.

Para la Izquierda de Salamanca estos datos no son una sorpresa. "Unas políticas serias dirigidas a la creación de empleo, lo último que deben hacer es facilitar los despidos como está haciendo esta reforma Laboral. Reducir las cuantías de las indemnizaciones, limitar la capacidad de la administración de controlar la legalidad de los expedientes de regulación de empleo, reducir los requisitos que deben cumplir las empresas para despedir individualmente a sus trabajadores por causas objetivas y facilitar los despidos por causas económicas en las administraciones públicas, no puede tener otra consecuencia que un aumento del número de trabajadores en desempleo", explica.

Por eso, piden la derogación de la reforma laboral "en cuanto que la misma implica la perdida de un sinfín de derechos de la clase trabajadora obtenidos tras muchos años de luchas y reivindicaciones sin que ello esté suponiendo la creación de empleo digno. En estos momentos más que nunca, se hace necesario una mayor protección de los trabajadores y trabajadoras frente a los despidos, por lo que reclamamos la necesidad de la puesta en práctica de modificaciones legales diametralmente opuestas a las aplicadas por el Partido Popular y dirigidas a un mayor control administrativo y judicial de los despidos justificados empresarialmente en causas económicas, organizativas y de producción, así como de los expedientes de regulación de empleo tanto de extinción, como de suspensión de relación laboral o de reducción de jornada, que en demasiados casos están siendo utilizados por las empresas sin causa real que lo justifique", concluye el comunicado.

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