La Junta de Castilla y León calcula que deberá asumir entre 600 y 700 millones de los 10.000 de ahorro previstos por el Gobierno central en sanidad y educación, materias que gestionan las comunidades autónomas, mediante medidas de racionalización del gasto, eliminación de duplicidades o mejora de la eficiencia, mientras que no rechaza que se revise el copago en los medicamentos aunque si defiende, entre las líneas rojas, que los ajustes no toquen la esencia y la calidad de los pilares del Estado del Bienestar.
 
Así lo manifestó el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno al valorar la propuesta del Ejecutivo y los planteamientos que se realizarán en los próximos consejos sectoriales a los que están convocados los consejeros de Familia, Milagros Marcos, Sanidad, Antonio Sáez, y Educación, Juan José Mateos. La financiación de la educación, sanidad y dependencia está en el modelo y las transferencias remitidas por el Gobierno a través de los presupuestos son “similares a las del año pasado”, explicó sobre la incidencia de la cantidad que se prevé como ahorro estatal, el 70 por ciento en sanidad, aunque pidió que “no se viva como que van a llegar 10.000 millones menos a las autonomías”.
 
De Santiago-Juárez explicó que el copago farmacéutico existe y recordó como los ciudadanos abonan cuando van a la farmacia a por una receta un 40 por ciento, excepto los pensionistas, al tiempo que recalcó que otra cosa es la revisión del mismo, que no rechazó. Sin entrar en las propuestas que pueda realizar la Junta en los órganos de decisión entre el Gobierno central y las autonomías, el consejero portavoz reiteró que se debe esperar a conocer “las herramientas de ahorro” que les presenten para la gestión de las competencias y para cumplir con el objetivo de déficit. “El Gobierno dice qué hacer y las autonomías cómo”, resumió.
 

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