La Junta de Castilla y León estudia varias fórmulas para compensar el copago hospitalario a los pacientes si finalmente llega a aplicarse. Mientras el asunto se resuelve en los tribunales, el ejecutivo autonómico ya baraja varias propuestas para estar preparado en caso de que la Justicia no le dé la razón. Aunque se descarta que sea a través de la devolución del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), como ha solicitado el partido Unión Progreso y Democracia (UPyD).

Cabe recordar que la Junta presentó a finales de diciembre un recurso ante la Sala de lo contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que revoque o anule la Resolución de 10 de septiembre de 2013 que regula el copago de medicamentos hospitalarios. Ante la respuesta negativa del Ministerio de Sanidad al requerimiento formal presentado el pasado mes de octubre, el Gobierno de Castilla y León decidió emprender acciones judiciales para solicitar la paralización de esta medida. La Justicia ha desestimado la suspensión cautelar del copago hospitalario, aunque el recurso continúa su trámite a la espera de una resolución definitiva.

 
El Gobierno regional tiene en cuenta que los 8.453 ciudadanos afectados en Castilla y León por esta resolución son pacientes con enfermedades graves que deben seguir y completar sus tratamientos, y además considera que esta medida de copago hospitalario supondría serias desigualdades y rompería la equidad del Sistema Nacional de Salud. Así, justifica su escaso impacto económico (unos 200.000 euros anuales, es decir, el 0,07 % del gasto farmacéutico hospitalario) y las características de los fármacos sometidos a este copago, la mayoría de ellos relevantes para tratar enfermedades graves.
 
Los motivos de esta impugnación eran que no puede considerarse que una resolución administrativa tenga rango suficiente para cambiar las condiciones de financiación de los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud. También se consideró que la Dirección General de Farmacia no tiene competencias para actuar en este sentido. Y, finalmente, se argumentó que los criterios técnicos utilizados para la selección de los medicamentos que tienen este tipo de aportación dan lugar a inequidad en pacientes con el mismo tipo de patología, y pueden generar desigualdad de derechos de los ciudadanos en función del territorio donde vivan.
 

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