El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha firmado este lunes un acuerdo con los representantes de la patronal autonómica (Cecale) y los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), en el marco del Consejo del Diálogo Social, centrado en dos grandes líneas de actuación. Por un lado, la flexibilización de los criterios de acceso y la agilización de la tramitación de la Renta Garantizada de Ciudadanía. Y por otro, crear una ayuda extraordinaria para apoyar a las familias sobreendeudadas, con todos los miembros en situación de desempleo y que no pueden hacer frente al pago de su vivienda.
En primer lugar, para los residentes extranjeros, los demandantes de mejora de empleo o las mujeres víctimas de violencia de género, se flexibilizan los requisitos y la documentación a aportar para facilitar el acceso a la prestación. Además, para las familias que se encuentran en situación de riesgo de impago de las cuotas del préstamo hipotecario, se mejora el procedimiento agilizando los trámites. Y para las personas afectadas por las preferentes, con bienes declarados en ruina o tierras cuyo valor catastral sea inferior a 6.000 euros se excluyen del cómputo patrimonial esos bienes de imposible venta con los que no se puede hacer frente a la situación.
Mientras, para las personas con posibilidades de empleabilidad, se intesifican las actuaciones de orientación laboral y formación para el empleo. Estas medidas, acordadas en el seno de la Mesa de Diálogo Social, supondrán un incremento presupuestario de un 30% en el año 2013, y un 65% más en 2014, además de medidas de apoyo a las familias en riesgo de desahucio con todos sus miembros en paro.
Ayuda extraordinaria para el pago de hipotecas
Por otro lado, se establece una ayuda extraordinaria para prevenir el riesgo de impago de las cuotas del préstamo hipotecario de las personas o familias que no cuentan con ningún recurso por tener a todos sus miembros en situación de desempleo. Estas ayudas económicas de carácter finalista, extraordinarias y compatibles con cualquier otro recurso, ingreso o prestación, van dirigidas a atender de forma temporal la cobertura del pago de la cuota hipotecaria de manera que la cuantía libre de que disponen las familias sea suficiente para atender sus necesidades básicas de subsistencia, financiación de los gastos ordinarios de novación de préstamo hipotecario, puesta al día respecto a cuotas vencidas, levantamiento de embargos de pequeña cuantía anotados como cargas registrales que impidan la novación del préstamo hipotecario.
La gestión directa de estas ayudas se llevará a cabo por las entidades locales titulares de Servicios Sociales y la cuantía de la prestación se ajustará a las necesidades de la familia y a su situación particular, estando limitada a 0,5 veces el IPREM anual (3.195 euros para el año 2013) y estarán sujetas al presupuesto establecido en este acuerdo para esta medida extraordinaria.
De la misma forma, tendrá consideración de situación de necesidad singular y específica, a los efectos del reconocimiento prioritario de la prestación esencial destinada a atender las necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social, la de aquellas unidades familiares que se encuentren en riesgo de desahucio de su vivienda habitual en régimen de arrendamiento. Serán beneficiarios de la misma aquellas familias o personas que no puedan satisfacer las cuotas de alquiler y carezcan de medios para hacer frente a sus necesidades básicas de subsistencia.