El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha analizado el Anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias y de Reestructuración del Sector Público Autonómico para 2014, que tiene como principal novedad un paquete de cinco beneficios fiscales dirigidos a estimular la I+D+i y sobre todo a ayudar a constituir, ampliar o mantener su empresa a los emprendedores que generen puestos de trabajo. Junto a esto, la regulación que acompañará al Proyecto de Presupuestos de la Comunidad para el próximo año da un paso más en la reducción del sector público, del que desaparecen la empresa ADE Parques Tecnológicos y Empresariales SA y el Instituto de la Juventud.
El primero de ellos responde al compromiso que adquirió el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, durante el debate de política general del pasado 26 de junio. Se trata de la deducción para el fomento del emprendimiento empresarial, que se aplicará en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y asciende al 20% de las cantidades dedicadas a adquirir acciones o participaciones de cualquier tipo de sociedad que o bien se constituya, o bien amplíe capital. La inversión debe suponer entre el 1% y el 40% del importe de la operación, y es requisito imprescindible que la empresa incremente sus trabajadores y los mantenga durante al menos tres años. La cantidad máxima que se puede deducir cada contribuyente son 10.000 euros.
La segunda novedad también afecta al IRPF, y consiste en establecer una deducción del 15% para las donaciones que sufraguen proyectos de I+D+i en Castilla y León. Es preciso que sean desarrollados por las universidades públicas de la Comunidad o por fundaciones u otras instituciones cuya actividad principal sea la investigación, el desarrollo y la innovación, que de este modo se espera que cuenten con una fuente adicional de financiación.
Otras deducciones
Con el mismo fin de favorecer la creación de tejido productivo, el anteproyecto introduce dos tipos reducidos en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Por un lado, prevé gravar la compra de inmuebles para sede o centro de trabajo de una empresa o negocio profesional con el 5%, en lugar de aplicar los porcentajes generales del 8% al 10%. Por otra parte, contempla un gravamen del 0,5% –un tercio del habitual 1,5%– para las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten este tipo de operaciones, así como para los préstamos y créditos hipotecarios vinculados a ellas. Para acceder a ambas ventajas las sociedades deben tener su domicilio fiscal y social en Castilla y León, y es imprescindible que estén en funcionamiento durante los cinco años siguientes a la fecha de la adquisición y que aumenten su plantilla laboral respecto al ejercicio anterior. Como garantía adicional, se excluye a aquellas que tengan como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario.
La normativa de la que ha informado la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, incluye un quinto beneficio fiscal que a su vez mejora otro de carácter estatal. Se trata de la reducción por donación de participaciones de sociedades, que pasa del 95% al 99% de la base imponible. Ahora bien, en consonancia con el espíritu que impregna todo el borrador, a las condiciones que impone el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la Junta ha añadido que sólo se podrá acceder a ella cuando la entidad a la que afecte la transmisión conserve su número de trabajadores durante los tres ejercicios siguientes.
En materia de juego se regula por primera vez la tributación de las máquinas interconectadas bajo servidor, ante la posibilidad de que la normativa que permitirá esta modalidad entre en vigor en 2014. Junto a esto, el próximo año se aplicará un tipo reducido del 25% –en lugar del 35% ordinario– sobre las inversiones necesarias para implantar los nuevos tipos de bingo presencial creados por el reglamento que se aprobó el pasado junio, a condición de que la sala mantenga su plantilla laboral.
Modificaciones en catorce tasas y reestructuración administrativa
Como es habitual, el articulado también recoge el porcentaje en el que se actualizarán las tasas de la comunidad el próximo año, que se sitúa en el 1%. Además se contemplan modificaciones en 14 de ellas, a propuesta de las consejerías competentes y para incluir mejoras técnicas, nuevos supuestos o adaptarlas a la normativa vigente. Experimentan cambios las tasas del Boletín Oficial de Castilla y León; en materia de juego; en materia de servicios de comunicación audiovisual; en materia de transporte por carretera; por prestación de servicios veterinarios; en materia forestal y de vías pecuarias; en materia de caza; en materia de protección ambiental; por servicios sanitarios; por expedición de títulos y certificados en enseñanzas no universitarias; en materia de industria y energía; en materia de minas; por servicios farmacéuticos; y por actuaciones y servicios en materia de certificaciones de eficiencia energética de edificios.
El otro gran bloque del texto legislativo tiene que ver con el Plan de Reestructuración del Sector Público, que prevé que durante esta legislatura se reduzcan al menos el 50% de los gastos de personal y funcionamiento de los entes que reciben fondos de los Presupuestos de la Junta. Con el propósito de avanzar en este objetivo se autoriza la supresión de la empresa ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León SA, que depende de la Consejería de Economía y Empleo. También se elimina un organismo autónomo, el Instituto de la Juventud, vinculado a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
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