Desde que la Junta de Castilla y León se hizo cargo de la sanidad pública en enero de 2002 y pese a las peticiones de Comisiones Obreras (CCOO) de que se legalizasen las plantillas, han sido de nuevo los tribunales de justicia los que con más de una docena de sentencias han obligado a la Consejería de Sanidad a hacer público cuántos y quiénes trabajan en los hospitales públicos.
 
"Pero en esta primera documentación, que se verá en la mesa sectorial de negociación, los datos aportados por la consejería revelan que Sacyl ocultan información y con esos profesionales es muy difícil hacer la sanidad que sería de desear en el siglo XXI", denuncia el sindicato.
 
Por ello, "y conscientes de que está en juego la calidad de un servicio público esencial", CCOO acude a esta primera reunión con la exigencia de que se den a conocer todos los datos en los documentos. También pedirá que las plantillas que salgan de esta negociación se ajusten a las necesidades reales de los ciudadanos, "de forma que se doten adecuadamente y con ello se eliminen las listas de espera y las privatizaciones de servicios y unidades por falta de medios".

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