Facua-Consumidores en Acción hizo público ayer un estudio comparativo sobre las tarifas máximas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en las diecisiete comunidades autónomas, importes cuya diferencia alcanza el 112% en turismos de motor diésel y hasta el 202% en motocicletas, siendo Castilla y León, y por tanto la provincia de Salamanca, la más cara. La Junta ha salido al paso de este informe anunciando una rebaja del precio.
El portavoz de la Administración autonómica, José Antonio de Santiago-Juárez, explicó tras la reunión del Consejo de Gobierno de que son “conscientes de la desproporción” que hay en el precio para pasar la ITV frente a otras comunidades, “el más alto en motos y coches, pero estamos condicionados por la concesión que se hizo hace años”. Por ese motivo, se está planteando una reducción en torno al veinte por ciento que requiere de un complejo proceso administrativo.
La Junta asegura que ya está tomando medidas, congelando los precios desde hace cuatro años, pero “vamos a ir más allá en nuestro objetivo, no por la noticia publicada, sino porque venimos trabajando desde hace tiempo en una revisión del contrato y estamos a falta de un informe del Consejo Consultivo y si su informe es favorable reduciremos el precio, queremos reducir el precio en torno a un veinte por ciento para situarnos en una situación de equilibrio”.
Cabe recordar que las inspecciones oscilan desde los 26,19 euros que cobran en Extremadura por un turismo diésel o gasolina, hasta los 55,72 euros que cuesta en Castilla y León por pasar la revisión a un turismo diésel. En España conviven distintos modelos de gestión, puesto que son las comunidades autónomas las que regulan los sistemas de ITV. Existen las de gestión pública, directa o tutelada a través de una empresa pública, las que trabajan mediante concesión y las que se encuentran liberalizadas. Estos regímenes hacen que existan distintos precios; tarifas y precios privados y tasas. Esto motiva que en algunas comunidades autónomas se aplique IVA y en otras no; que en unas exista un mayor control de los importes, pues las tasas se someten a aprobación pública, mientras que en otras la liberalización del sector, como en Madrid, no tenga establecido un precio mínimo ni máximo.
Liberalización del mercado
Facua avisa de las consecuencias negativas que puede generar la liberalización del servicio de ITV que estudia el Ministerio de Industria. La asociación pide que se mantenga un servicio público cuyo objetivo principal debe ser garantizar la seguridad vial. Advierte además de que la medida es contraria al ordenamiento jurídico europeo y no representará una bajada de precios.
La asociación tampoco comparte este proceso de liberalizar una asistencia que afecta a la seguridad de las personas y que debe tener reguladas las características, el precio y la calidad. La organización cuestiona el conflicto de intereses que generaría esta medida. FACUA se pregunta quién garantizaría el control de calidad si un taller o un concesionario se convierte al mismo tiempo en punto de reparación o venta de vehículos y también en estación de ITV. La directiva comunitaria que regula la inspección técnica de vehículos obliga a que, a partir del 31 de diciembre de 2013, se haga constar la lectura del cuentakilómetros en el certificado que debe emitirse, algo que ya hacían diversas comunidades autónomas para evitar intentos de fraude.
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