La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha comparecido ante las Cortes para explicar cómo afectan a las personas en situación de Dependencia las modificaciones introducidas por el Gobierno de España, mediante Real Decreto Ley, en el sistema de atención a la Dependencia. Y también para informar de las medidas adoptadas por la Consejería para "salvaguardar el sistema en Castilla y León con los mismos niveles de eficacia que hasta ahora, para garantizar la atención de calidad y profesionalizada, la supervivencia de la red de servicios, y para preservar y fomentar el empleo en el sector".
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se ha marcado como reto priorizar aún más los servicios, por ser los que prestan una atención de calidad y son generadores de empleo, frente a las ayudas por cuidados en el entorno familiar. En definitiva, primar los servicios, frente a los cuidados familiares, como marcan los principios básicos de la Ley desde su nacimiento. En opinión de Milagros Marcos, "no adoptar en este momento las medidas necesarias, por duras que puedan parecer, pondría en riesgo el sistema de bienestar, destruiría la red de recursos, de empleos, así como la esperanza de la atención futura para quienes más lo necesitan".
Medidas concretas
Ante el nuevo escenario legal y presupuestario, la consejera ha detallado las medidas concretas que fueron aprobadas en la orden del 30 de julio que establece la nueva regulación de la Dependencia en Castilla y León y que encontraron el consenso del Diálogo Social y el sector, representado por Cermi, Lares y Acalerte. Entre ellas, primar los servicios y tratar de hacer menos atractivas las ayudas por cuidados familiares, con el objetivo de que las personas en situación de Dependencia que ahora reciben cuidados en su entorno se puedan beneficiar de la atención que se presta desde los servicios profesionales.
En primer lugar, para garantizar la equidad en el acceso a los servicios, se incrementa de forma automática en un 20%, sobre la previsión del Gobierno, las cuantías máximas destinadas a los servicios profesionales. La cuantía concreta dependerá de la capacidad económica de cada uno. De esta forma, cuanta menor renta tenga el usuario, mayor aportación recibirá. Por el contrario, disminuirá la cuantía mínima que reciben las personas con rentas más altas; siendo el mínimo garantizado en este caso el 10% de la cuantía máxima que le pudiera corresponder según su grado de dependencia.
Se trata de redistribuir el copago, de tal forma que se produzca una transferencia de dinero desde las rentas más altas a las más bajas para lograr que aquellas que cuenten con menor capacidad económica puedan acceder a los servicios y que ninguna persona dependiente quede desatendida. Se garantiza, de esta forma, que la cuantía de la prestación económica para adquirir un servicio sea suficiente para que, unido al copago que pudiera corresponder a su capacidad económica, les permita a todos acceder al servicio.
Además, se han revisado los criterios de copago de los servicios privados financiados desde la Junta de Castilla y León para que sean semejantes a los criterios de copago de un servicio público. Así se evitará que las condiciones para acceder a un servicio privado sean más ventajosas, como ocurría, que para acceder a un servicio público, especialmente para las rentas más altas.
Junto a esto, y de acuerdo con el sector, se establece un precio máximo de referencia para cada uno de los servicios, con la idea de que sean accesibles a todas las personas, y se fijan unos criterios de calidad.
En segundo lugar, y para preservar la red de servicios profesionales en Castilla y León -una de las más extensas de España-, la Consejería profundizará en el carácter excepcional de las prestaciones por cuidados en el entorno. Para ello, se reducirán de forma progresiva las cuantías destinadas a cuidados no profesionales, de tal forma que el 15% de reducción del Estado se incrementa en un 15% en 2012, en otro 10% en 2013 y otro 10% en 2014. Esos porcentajes no serán lineales, sino en función de la capacidad económica de cada usuario.
Para hacerlo más atractivo y proporcionar esa atención de calidad, la Consejería se ha comprometido a acercar los servicios al ciudadano mediante el desarrollo de los centros multiservicios, especialmente en el medio rural. Este nuevo modelo, por el que apuesta la Junta de Castilla y León, pretende que desde un centro residencial se proporcione a la población cercana todo tipo de servicios, tales como teleasistencia, ayuda a domicilio, catering, lavandería, comedor, centro de día o atención residencial. Este tipo de centros permitirá al usuario que lo desee vivir de forma permanente en él y a los no residentes tener la oportunidad, por ejemplo, de acudir a tomar un café, dormir un fin de semana o dos semanas, permanecer durante el día o sólo por la noche, o incluso llevar su ropa a la lavandería del centro.