La Junta de Castilla y León y la oposición socialista han sellado un pacto de comunidad en el que destaca el empleo, dotado con unos 30 millones de euros, y el modelo de ordenación territorial, en el que se recoge una financiación básica para los ayuntamientos para el próximo ejercicio. La reforma de las instituciones de autogobierno y del sector público empresarial conforman los otros ejes de este acuerdo, en el que no ha sido posible el avance en la sostenibilidad de los servicios sociales y la fiscalidad. El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el secretario general del PSCyL-PSOE, Julio Villarrubia, rubricaron el acuerdo y agradecieron el trabajo de los negociadores de ambas partes, al tiempo que subrayaron el entendimiento por encima de las diferencias en estos difíciles momentos. 

Según el acuerdo, en primer lugar, los presupuestos de las cuatro Instituciones, Procurador del Común, Consejo Consultivo, Consejo Económico y Social y Consejo de Cuentas, formarán parte de la sección presupuestaria de las Cortes, y sus remanentes se destinarán a las Consejerías sociales de la Junta. Y se suprimirán los altos cargos de estas instituciones excepto sus presidentes, y los consejeros del Consejo Consultivo y de Cuentas. Al suprimirse las secretarías generales se creará una secretaría única dependiente de la Presidencia de las Cortes.

También se homologarán progresivamente las retribuciones del personal de estas  Instituciones con las del personal de la Comunidad, y también las condiciones de trabajo en cuanto a horario, jornada, vacaciones, permisos, licencias e indemnizaciones. Las plazas vacantes no se dotarán presupuestariamente. Y se suprimen las dietas de los consejeros del CES. La Presidencia de las cuatro Instituciones, así como los cargos de los consejeros del Consultivo y de Cuentas, se podrán desempeñar sin dedicación exclusiva, siempre que se solicite a petición propia.

 
Ambas partes consideran que "la consecuencia más dramática de la crisis es la destrucción de empleo, lo que hace más necesario que nunca el impulso de políticas de empleo". En esta dirección, se acuerda apoyar un plan de choque de empleo que se centrará en el empleo local y en los jóvenes, que tendrá una dotación, para su ejecución en el ejercicio 2013, de alrededor de 30 millones de euros. Sus objetivos, como se ha mencionado, serán el  empleo local y el empleo joven.

En materia de cooperación financiera local, los presupuestos de la Comunidad para el año 2013 consignarán fondos incondicionados dirigidos a los municipios por importe de 1.000 euros básicos por cada municipio y 14 euros por habitante. Dicha distribución se efectuará de forma ponderada teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes parámetros: población, nivel competencial y entidades locales menores dependientes de los mismos, fijando en todo caso una cuantía mínima de 2.000 euros por municipio a la que se añadirán los 1.000 euros básicos. Ningún municipio de Castilla y León podrá percibir en el año 2013 con cargo a estos fondos más de 1.500.000 euros. Estas partidas se incrementarán un 10% en los presupuestos para 2014, y en idéntico porcentaje en los presupuestos para 2015. En el futuro se tenderá a que la financiación sea incondicionada en el mayor porcentaje posible.

Además, se considera esencial una definitiva y completa ordenación de todo el territorio de Castilla y León. Para ello se creará como ámbito territorial esencial las “unidades básicas de ordenación y servicios del territorio”, que deberán reunir una serie de requisitos mínimos, y constituirán la referencia espacial y el parámetro básico para efectuar dicha ordenación. Así, se configurarán en un nuevo mapa territorial en el que deberán converger progresivamente los servicios públicos prestados por la Junta de Castilla y León. "Defendemos la autonomía municipal. Por ello la premisa es la no supresión forzosa de ningún municipio, y de  ninguna entidad local menor. Profundizaremos en la cooperación entre las entidades locales menores  y los municipios a los que pertenecen. Se articularán nuevas fórmulas más flexibles para mejorar la cooperación entre las ciudades de más de 20.000 habitantes y los municipios de sus alfoces", concluye el acuerdo.

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