El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado la reducción del 31% del número de liberados sindicales en la Junta, que pasarán de 950 a 658, lo que implica un ahorro de 13,6 millones de euros para las arcas autonómicas. La medida se acordó por unanimidad el pasado 23 de diciembre en la Mesa General del Empleado Público. Este documento fue suscrito por el Gobierno regional y los sindicatos UGT, CSI-CSIF, CCOO, SAE-USCAL y CEMSATSE el 27 de junio de 2006, en un contexto económico muy distinto del actual. De ahí que a finales de 2011 la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, iniciara un proceso de diálogo con las organizaciones firmantes del acuerdo con el objetivo de acomodarlo a las restricciones presupuestarias de este momento.
 
La negociación fructificó en la decisión de rebajar el 31% el número de empleados públicos que, por desarrollar tareas sindicales a tiempo completo, están eximidos de acudir a sus centros de trabajo. Es decir, que el número de liberados en la Administración regional pasará de 950 a 658, lo que supone un descenso de 292. La disminución se efectuará en dos fases: en 2012 se eliminará el 40% de esa cantidad, y en 2013 el 60% restante. Como consecuencia de ello, la Junta ahorrará 13,6 millones de euros.
 
El acuerdo incluye una cláusula de reversión ligada al crecimiento de la economía, que determina que sólo se retornará a la situación inicial si el Producto Interior Bruto (PIB) interanual de la comunidad supera el 2,5% durante dos trimestres consecutivos. La nueva regulación entrará en vigor con carácter general el próximo 1 de marzo. La única salvedad es el sector educativo, donde será efectiva a partir del 1 de julio para acomodar su aplicación al curso escolar. En cuanto a su duración, está previsto que se extienda hasta el 31 de diciembre de 2017.
 
La representación de los empleados públicos está regulada por la Ley Orgánica de Libertad Sindical y por la Ley de Órganos de Representación, de Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. En Castilla y León, además, existe el mencionado Pacto sobre Derechos de Representación Sindical en el ámbito de la Administración de 2006, que es el que se somete a modificación en virtud del reciente consenso alcanzado con los sindicatos. La Ley 13/2003, de 23 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas establece que los pactos, convenios o acuerdos entre la Administración de Castilla y León y los agentes económicos y sociales sean sometidos a la aprobación de la Junta con carácter previo a su firma, trámite que se ha cumplido este jueves.

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