El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dado instrucciones al fiscal superior de Castilla y León para que sea cada fiscalía provincial de esta comunidad autónoma la que abra unas diligencias de investigación sobre los sueldos, indemnizaciones, prejubilaciones y créditos de los directivos de las ya extintas Caja España, Caja Duero, Caja Burgos, Caja de Ávila y Caja Segovia tras el proceso de reordenación del sector financiero, tal y como informa el periódico 'El Mundo' en su edición digital de Castilla y León, recogidas por la agencia Ical.
Ésta es la orden que la fiscalía general ha dado a Manuel Martín-Granizo, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), que preguntaba a quién correspondía investigar los hechos que denuncia el coordinador de Izquierda Unida (IU) en Castilla y León y procurador del Grupo Parlamentario Mixto, José María González Suárez, sobre las presuntas prácticas delictivas de los ejecutivos de estas entidades de ahorro al existir otras denuncias similares en otras autonomías. Así, la denuncia de González Suárez se ha remitido a cada fiscal de provincia afectado para que abre una investigación.
Izquierda Unida denunció el pasado noviembre ante el fiscal jefe de Castilla y León que "diferentes consejeros de Caja España, Caja Duero, Caja Burgos, Caja de Ávila y Caja Segovia" intervinieron de forma decisiva en sus consejos de administración para obtener créditos de escasa solvencia o en condiciones mucho más ventajosas o condiciones de prejubilación que han perjudicado a terceros." El fiscal general responde al fiscal jefe de Castilla y León que "no concurren elementos de conexidad, entre las citadas cajas de ahorro, que justifiquen su tramitación conjunta" y que "no hay razones fundadas" para que sea la Fiscalía Anticorrupción la que investigue los hechos denunciados.
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