La querella interpuesta por Izquierda Unida y Ecologistas en Acción contra los directivos de Caja España-Duero, antes y después de la fusión, ha sido admitida a trámite por el Juzgado número 5 de León, ampliando los indicios de delitos percibidos meses atrás por la Fiscalía. Ahora el juez ha abierto diligencias para investigar todos los hechos y ver la imputación de los dirigentes de Caja España y Caja Duero antes de su unión y los dirigentes de los primeros años de la fusionada Caja España-Duero.
Una gestión que derivó en la complicada situación económica de la entidad financiera, a punto de ser nacionalizada de no ser por el proceso de conversión en Banco Ceiss para su integración en Unicaja Banco. Estos créditos entrarían en conflicto con el artículo 295 del Código Penal por el beneficio propio de los administradores de una sociedad en perjuicio de sus administrados, en este caso los clientes de las cajas de ahorro.
Gorka Esparza, abogado de Izquierda Unida, explicó que se trata de 29 operaciones de crédito relacionadas con miembros del consejo de administración o altos cargos de la entidad financiera. En concreto, 67 millones de euros en Caja España, beneficiando sobre todo al que fuera su presidente Santos Llamas, y otros 8,8 millones en Caja Duero. De estas operaciones, 61 millones correspondería a créditos de riesgo. “Por desgracias tenemos que seguir hablando de las extintas cajas de ahorro”, añadió el coordinador autonómico de IU, José María González, acompañado por Javier Gutiérrez Hurtado, en representación de Ecologistas en Acción.
Según consta en la denuncia a la que ha tenido acceso SALAMANCA24HORAS, desde hace cinco años diferentes consejeros "han intervenido de forma decisiva en los consejos de administración a fin de obtener bien créditos de escasa solvencia o en condiciones mucho más ventajosas que a otros ciudadanos o empresarios les serían denegados, o bien condiciones de prejubilación que han perjudicado a terceros o en los que las entidades públicas de ahorro han dejado de observar su propia normativa y convenios colectivos, con fuerza de ley".
Ahora el juez ha abierto diligencias para conocer, en primer lugar, qué dirigentes votaron cada operación de las consideradas como ruinosas, así como si se informó previamente del riesgo existente en estas operaciones. Y, en segundo lugar, se investiga si incluso el dinero de las participaciones preferentes, aportado por clientes con sus ahorros, fue utilizado para estos créditos de riesgo que habrían beneficiado a empresas de los altos cargos de Caja España-Duero.
Principales acusados
Uno de estos consejeros, Francisco Rubio, según denuncia IU, habría obtenido créditos y avales por un monto superior a 27 millones de euros en el último año, "siendo especialmente llamativo un préstamo personal por 13 millones de euros para una empresa cuyo nombre no se especifica, algo que es inimaginable para cualquier ciudadano". Préstamos que se suman a otros en 2006 y 2007 y líneas de avales por 51,1 y 27,9 millones de euros, respectivamente.
Otro caso es el del que fuera presidente de Caja España, Santos Llamas, con cinco préstamos a empresas vinculadas por importe de 17,6 millones de euros, segun continúa la denuncia de IU que investiga la Fiscalía. A lo que se añadiría otro préstamo hipotecario de 15,2 millones u operaciones de renovación de cuenta de crédito, de línea de avales y ampliación de préstamo a promotor a una empresa vinculada por valor de 5,1 millones.
Finalmente, en la denuncia se recoge que el ex alcalde de León, Francisco Fernández, podría haber incurrido en un posible tráfico de influencias, "toda vez que ha logrado su prejubilación estando de excedencia, saltándose la preferencia con la que contaban más de cien trabajadores de la entidad, en función de las condiciones pactadas entre la Caja y los agentes sociales, toda vez que las prejubilaciones habrían de concederse a partir de los 55 años y por orden de nacimiento".
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