Como ocurriera con la reforma del Código Penal, la aprobación por el Senado de la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como Ley mordaza) es, en opinión de Comisiones Obreras (CCOO), una mala noticia para la democracia porque parte de la idea de que es necesario ?endurecer la respuesta sancionadora ante las protestas sociales. Es verdad que se corrigen algunos errores, pero insiste en un modelo regresivo de las libertades públicas y de la libertad sindical?.
CCOO denuncia que el marco penal y sancionador administrativo, incluso sin reformas de ningún tipo, ofrece cauces más que suficientes para preservar la seguridad de las personas, y permite corregir comportamientos violentos. ?Más bien, la reforma se presenta como la respuesta ante el riesgo de conflictividad social derivado de la adopción de políticas públicas basadas en los recortes sociales?, afirma el sindicato. "Se trata de una reforma que se ha elaborado sin transparencia ni debate público, y aunque se observan algunos cambios de interpretación sobre las libertades públicas y la actividad sindical, estos son insuficientes, porque no recogen propuestas básicas trasladadas por CCOO y UGT al Ministerio del Interior y a los Grupos Parlamentarios en el Congreso y en el Senado", añade.
Son también significativos los cambios en las sanciones previstas para los conflictos derivados de los derechos de reunión y manifestación. ?La exigencia en la sanción muy grave de que concurra riesgo para la vida o integridad física de las personas, y no simplemente una alteración en el funcionamiento de la infraestructura, rebaja el riesgo de que un conflicto laboral que repercute en el funcionamiento de un servicio público sea objeto de sanción. Pero se hace a partir de una idea autoritaria y sancionadora del conflicto social".
CCOO cree imprescindible un nuevo modelo de Ley de Seguridad Ciudadana, que respete el derecho a la tutela judicial y que garantice la independencia y objetividad en las restricciones que puedan adoptarse en el ejercicio de derechos fundamentales, "lo que nada tiene que ver con atribuir poderes desproporcionados a la autoridad gubernativa, es decir, a cargos basados en la confianza política".
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