La convocatoria de manifestaciones y la petición masiva de dimisión del consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, no se ha hecho esperar tras conocerse ayer la suspensión cautelar de las oposiciones de enfermería, previstas para la próxima semana.
Y es que sindicatos y partidos de la oposición consideran que, aunque la suspensión se produce por un auto judicial a raíz de un recurso del Gobierno, la responsabilidad recae directamente sobre la Consejería de Sanidad, pues ha seguido adelante con el proceso pese a que le advirtieron que esta oposición incumplía el equilibrio financiero que exige el Gobierno, como así ha recurrido el Ministerio y le ha dado la razón la Justicia.
La suspensión cautelar de las oposiciones de enfermería tan sólo una semana antes de llevarse a cabo deja tirados a 22.000 personas de toda España que llevan meses estudiando, 700 de Salamanca, muchas incluso renunciando a trabajos para centrarse en el examen, pero que también habían reservado ya hoteles para ese día en Valladolid y León, donde se iban a realizar las pruebas.
Pero Sáez Aguado sigue a lo suyo como si no ocurriera nada, como ya hizo con las tres mareas blancas en la provincia de Salamanca, después de que se instalaran tiendas de campaña en la calle para resonancias magnéticas del hospital de Salamanca o tardando un mes la administración para un tratamiento especial a un niño de cuatro años con una enfermedad rara única en España.
Manifestación el martes 17
La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI-F) ha convocado una concentración el próximo martes 17 de noviembre para exigir el desbloqueo de la suspensión cautelar de las oposiciones de enfermería. Será a las 12:00 horas frente a la Consejería de Sanidad, para denunciar el atropello que supone la suspensión de las 554 oposiciones.
CSI-F insta a la Consejería de Sanidad a que intervenga ?para encontrar una solución con el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que permita desbloquear la suspensión cautelar de las oposiciones de enfermería, previstas para el día 22?. Remarca que esta suspensión, en vísperas de la realización de los exámenes, y cuando 22.000 personas estaban pendientes de esta oportunidad laboral, ?es algo intolerable?.
Tampoco entiende CSI-F cómo ha podido haber tanta descoordinación entre la Administración central y la autonómica, cuando el asunto tiene un calado social tan importante y trascendente. CSI-F considera que el Tribunal Superior de Justicia de lo Contencioso-Administrativo ha actuado con mucha lentitud, por esperar a fallar el auto este jueves 12, casi en vísperas de las oposiciones. También CSI-F lamenta que no se hubiera informado adecuadamente, por parte de las administraciones implicadas, de la existencia de la demanda interpuesta desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. ?Un asunto así no puede caer como un ladrillo, sin que ningún responsable avisara previamente, es algo sorprendente, y lleva a pensar en posibles ocultaciones por parte de alguien?.
Ausencia de información en la Mesa Sectorial de Sanidad
Por su parte, Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado durante todo el mandato de Sáez Aguado "su oscurantismo en cuanto a las acciones de la consejería, pero ahora nos vemos obligados a denunciar también su mentira, ante los trabajadores que día a día le sustentan en su cargo pese a todo, y ante la sociedad que con sus votos le puso ahí. Esas mentiras le inhabilitan para seguir desempeñando sus responsabilidades al frente de la consejería de Sanidad".
Añade que sus declaraciones "escondiendo sus responsabilidades por la vía de derivarlas a otros, tanto a la Administración General del Estado como a las organizaciones sindicales, dicen mucho sobre la manera en que Sáez Aguado desempeña sus funciones".
CCOO quiere recordar que no es la primera vez que suceden cosas de este tipo. Este sindicato ha denunciado ante los tribunales de justicia durante todos estos años las diversas irregularidades que la consejería de Sanidad ha cometido, en lo referente a plantillas, a nombramientos a dedo, a saltarse la normativa de bolsas de empleo, a convocar la Carrera Profesional... "El resultado ha sido una retahíla de condenas incluyendo costas que deben abonarse con dinero público, lo que supone un despilfarro económico auténtico", añade CCOO.
Y en este caso concreto, además de los perjuicios personales y económicos que recaen sobre los opositores, que ya tienen contratados viajes y hoteles, y que han dejado sus vacaciones para profundizar en su estudio en estos últimos días, hay que contar también en el gasto que supone la suspensión de la oposición 10diez días antes, cuando ya están contratadas las aulas, el personal... "Dinero público que una vez más se tira a la basura por la irresponsabilidad de quien convocó una oposición saltándose la normativa legal y la actuación de quien dice apostar por el empleo pero en realidad trata de dinamitarlo por todos los medios", concluye el sindicato.
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